La defensa plena de los derechos y beneficios de los afiliados a las empresas prestadoras de seguros, así como a las empresas aseguradoras del sector privado, fue tema dominante en el debate realizado hoy miércoles 30, en la sesión de la Comisión de Economía,  al tratarse un proyecto sobre el particular, de autoría de la legisladora Cecilia Chacón de Vettori (FP).

El texto sustitorio pudo ser votado hoy, pero el congresista Jorge del Castillo Gálvez (CPA) observó que era necesario conocer más opiniones de autoridades e instituciones consultadas, entre ellas las de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Atendiendo a esa intervención, la presidenta dispuso la postergación del tratamiento del tema para ser definido en la sesión del próximo miércoles 7. Ese día habrá sesión del Pleno del Congreso, en vista de que el jueves 8 es feriado.

El proyecto en debate plantea modificar el artículo 118º de la Ley Nº 29996, Ley del Contrato de Seguro, sobre cobertura de preexistencias dentro del Sistema de Seguros y de Empresas Prestadoras de Seguros.

A la sesión acudieron Eduardo Morón y Francisco Monge, en representación de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros; y Eduardo Paz Risco, en representación de la Asociación Peruana de Corredores de Seguros. Ellos aportaron interesantes detalles e informaciones que permitieron a los legisladores un mayor conocimiento para el enfoque técnico de la propuesta de ley.

INICIATIVA

Conforme a la iniciativa, las preexistencias están cubiertas dentro del sistema de seguros y de empresas prestadoras de salud, como mínimo, hasta los límites del contrato original o anterior.

(Se entiende por preexistencia cualquier condición de alteración del estado de salud diagnosticada por un profesional médico colegiado, conocida por el titular o dependiente y no resuelta en el momento previo a la presentación de la declaración jurada de salud).  

Se precisa que la obligación de otorgar cobertura de las preexistencias en los seguros de salud o planes de salud corresponde a toda empresa de seguros o EPS, aun cuando el cambio se realice de cualquier EPS a una compañía de seguros o viceversa.

Para tal efecto, se indica, la compañía de seguros y/o la EPS informarán sobre las posibles diferencias existentes en cobertura y costo, en relación al contrato original y el nuevo plan de salud o póliza de seguro que se pretenda contratar.

APRECIACIONES

Las principales apreciaciones u observaciones partieron de los legisladores Miguel Torres Morales (FP) y Del Castillo Gálvez. El primero indicó que el problema que se plantea es que, si bien se presenta el hecho de poder establecer si una persona que aportó puede apelar a una AFP con carácter potestativo, ello debe ser siempre y cuando no se suban los precios por ese concepto.

Del Castillo, tras coincidir con esa preocupación, dijo que no entendía por qué las empresas privadas de seguros tienen acceso directo a las historias clínicas de los pacientes. Opinó que se trataría de una medida inconstitucional porque se estaría yendo en contra del derecho a la intimidad de las personas, que es uno de los elementales derechos humanos, según precisó. Añadió que ello es practicado por las empresas inclusive sin sanción alguna.

Aclaró que no se plantea control alguno y consideró necesario que se diera una regulación adecuada porque no era posible que hubiese aumentos de costos a los usuarios hasta por el orden del 200%, al pasar de un sistema a otro potestativo.

Francisco Monge, de la Asociación de Empresas de Seguros, indicó que el acceso de las empresas a las historias clínicas está establecido en la Ley de Salud desde hace muchos años, y anotó que ello se hace con fines de auditoría médica.

Sin embargo, el congresista Del Castillo insistió en el riesgo de que ese acceso a las historias clínicas podría ser mal empleado por personas no necesariamente profesionales de la salud, y hacerlas públicas en perjuicio de una persona que, por  ejemplo, postulase a la Presidencia de la República o a otro cargo de elección popular.

El legislador Miguel Torres, que es presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, coincidió en que había muchos temas que deberían de ser analizados. Dijo, por ejemplo, que en el caso de que el afiliado, por razones de cese podía apelar a un potestativo, se le debería mantener sus preexistencias teniendo en cuenta su carácter original.

“La idea es que el asegurado no pierda la cobertura”, señaló el congresista Torres, al referirse al paso del asegurado al seguro potestativo.

Después de una amplia deliberación, se acordó postergar el tema a fin de votarlo en la próxima sesión. Se espera contar con la presencia de la congresista Cecilia Chacón, autora de la iniciativa, y la opinión de la Superintendencia de Banca y Seguros, para un mayor conocimiento del tema.

ARCHIVAMIENTO

De otro lado, por mayoría fue archivada una propuesta para incrementar las pensiones de sobrevivencia en el Sistema Privado de Pensiones, las cuales serían del 100% de las que percibía su titular en vida. La medida apuntaba a beneficiar, entre otros, al cónyuge o concubino y a hijos menores de 18 años, o también mayores de 18 años en condición de discapacidad permanente.

Se consideró que la propuesta atentaba normas constitucionales porque se proponía incrementar los aportes al sistema privado de pensiones, entre otras consideraciones, razones por las cuales se dispuso su no aprobación y archivamiento. (JTR).   

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