En sesión plenaria del Congreso
Fortalecen capacidades de fiscalización de consejos regionales y municipales
Centro de Noticias del Congreso
29 Mar 2023 | 19:18 h
El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que plantea modificar la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley 27972, Ley Orgánica de municipalidades, para asegurar el financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los Consejos Regionales y Concejos Municipales.
El dictamen fue aprobado por 82 votos a favor, uno en contra y diez abstenciones; fue exonerado de segunda votación con 83 votos a favor, cero en contra y 10 abstenciones.
La iniciativa legislativa plantea fiscalizar la gestión pública del gobierno regional. Para tal efecto, en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del gobierno regional, se incorporan los recursos, según clasificador presupuestario, que proporcionen al consejo regional la capacidad logística y el apoyo profesional necesarios para el ejercicio de sus actividades de fiscalización.
El monto de los recursos incorporados anualmente en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de las municipalidades no podrá ser inferior al uno por ciento (1%) ni superior al dos por ciento (2%) del presupuesto precedente de la suma de los montos del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) e Impuestos Municipales pertenecientes a la fuente de financiamiento Recursos Determinados del pliego. El registro de dicha información se vincula en una actividad presupuestal, que permita la identificación y el seguimiento de los recursos asignados para tal fin.
Igualmente, el monto de los recursos incorporados anualmente en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de los gobiernos regionales, no podrá ser inferior al uno por ciento (1%) ni superior al dos por ciento (2%) del presupuesto precedente de la genérica de gasto «bienes y servicios», pertenecientes a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios del pliego. El registro de dicha información se vincula en una actividad presupuestal, que permita la identificación y el seguimiento de los recursos asignados para tal fin.
De requerirse la habilitación de mayores recursos, para asegurar el financiamiento, durante la fase de ejecución presupuestal, los gobiernos regionales y gobiernos locales quedan exceptuados, de las restricciones presupuestarias, a fin de realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, solo para habilitar recursos para la finalidad de la presente ley.
Los consejos regionales y municipales aprueban dentro del primer trimestre de cada año fiscal, el programa de acciones de fiscalización, con arreglo al monto asignado según los literales a) y b) y los procedimientos señalados en la normativa vigente. Los regidores municipales y consejeros regionales están obligados a presentar un balance semestral sobre el monto destinado al fortalecimiento de las labores de fiscalización que hubieran utilizado durante ese periodo. La presentación se realiza mediante el procedimiento que establezca la Contraloría General de la República
En su disposición complementaria transitoria, indica que con la finalidad de asegurar la asignación de recursos a la función fiscalizadora objeto de la presente ley, exceptúese, para el año fiscal 2023, a los gobiernos regionales y gobiernos locales, a fin de realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, para asignar los montos mínimos señalados.
La legisladora Diana González Delgado, de Avanza País, presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización sustentó la propuesta señalando que la iniciativa va a fortalecer la capacidad fiscalizadora de los Consejos Regionales y Concejos Locales es de urgente necesidad para el proceso de descentralización de nuestro país, ya que, según informe de Contraloría General de la República del año 2021.
«Se calcula un perjuicio de más de 10 mil millones de soles anuales por casos de corrupción, que representa alrededor del 15% de la ejecución presupuestal de los gobiernos regionales y locales a nivel nacional. Así, es necesario que todos los proyectos e iniciativas de gasto con fondos públicos sean correctamente supervisados y que estén asociados a diversos mecanismos de rendición de cuentas», señaló dijo.
Eduardo Salhuana Cavides (APP), autor del proyecto, señaló que el proceso de descentralización existe un vacío normativo y que su iniciativa plantea establecer en el PIA un porcentaje de acuerdo a la magnitud o presupuesto de cada gobierno local.
El legislador Alejandro Cavero Alva, de Avanza País, dijo que la propuesta va a ordenar los gastos presupuestales de los gobiernos regionales y municipales. El congresista Elvis Vergara Mendoza (AP) la propuesta va a permitir darles mayores herramientas a los gobiernos locales.
OFICINA DE COMUNICACIONES