La Comisión de Mujer y Familia que preside la congresista Jessica Córdova Lobatón (RP) aprobó con 11 votos a favor, el dictamen del Proyecto de Ley 7544/2023-CR, que modifica la Ley 30314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, a fin de fortalecer el accionar de los gobiernos regionales, gobiernos provinciales y gobiernos locales frente al acoso sexual en dichos ambientes.

El texto plantea modificar los artículos 7 y 8 de la Ley 30314 en referencia a la obligación de los gobiernos regionales, provinciales y locales para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos y las obligaciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

En este sentido, se plantea que las denuncias de acoso sexual en espacios públicos puedan realizarse también de manera virtual, facilitando el acceso de las víctimas a los mecanismos de justicia. También se propone que las denuncias puedan ser presentadas en cualquier comisaría con la obligación del efectivo policial de intervenir o derivar el caso bajo responsabilidad.

Asimismo, la propuesta busca capacitar al personal del serenazgo para que oriente adecuadamente a las víctimas en la presentación de su denuncia.

La congresista Digna Calle Lobatón (PP), autora de la propuesta, sostuvo que esta iniciativa representa un paso importante, pero que aún existen vacíos para lograr el objetivo de prevenir, erradicar y sancionar este tipo de actos. “Hay alto porcentaje de victimas que no denuncian el acoso sexual en espacios públicos, debido a que no existe una adecuada atención para este tipo de denuncias”, expresó.

PROBLEMÁTICA DE VIOLENCIA SEXUAL
Previamente se presentaron Patricia Garrido Rengifo, directora ejecutiva del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables y la fiscal superior Betty Espinosa Rivas, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar del Ministerio Público.

Las invitadas brindaron un informe respecto a los casos de violencia sexual en menores de edad en el país y sus consecuencias, evaluación de políticas públicas y estrategias para su prevención y erradicación, así como el estado situacional de las investigaciones fiscales por delitos contra la libertad sexual y sus diversas modalidades a nivel nacional, donde las presuntas víctimas sean menores de edad.

A su turno, la presidenta de la comisión, Jessica Córdova Lobatón, brindó cifras que evidencian el grave aumento de casos de violencia sexual en los últimos años. “A julio de este año, más de 11 mil niñas y adolescentes han sido víctimas de abuso sexuales en nuestro país. Esta cifra es alarmante y nos obliga a reflexionar y actuar con firmeza. Las estadísticas revelan una tendencia creciente que no podemos ignorar”, subrayó.

Agregó que las estadísticas evidencian que esta problemática es crítica en ciudades como Lima Metropolitana, Arequipa, Cusco y La Libertad.

“Ante esta realidad es imperativo que evaluemos y reforcemos las políticas públicas existentes, necesitamos estrategias eficientes para prevenir y erradicar este tipo de violencia y fortalecer los programas de atención y protección a fin de garantizar que las víctimas cuenten con el apoyo necesario para reconstruir sus vidas”, indicó la parlamentaria.

Por su parte, la legisladora Magally Santisteban Suclupe (FP) planteó diversas interrogantes respecto al índice de violencia contra menores en Tumbes, así como el trabajo articulado que debe realizar el programa Aurora junto a las autoridades locales y las acciones que vienen realizando en zona de frontera donde la trata de mujeres se ha incrementado.

Durante la sesión se sustentó el Proyecto de Ley 8350/2023-CR, el cual propone la Ley que incorpora como tipo de violencia el ciberacoso, cuya autoría corresponde a la congresista Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País).

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL