La Comisión Especial para el Acceso Universal al Agua aprobó, por unanimidad, con seis votos a favor, su informe final durante el desarrollo de su sexta sesión ordinaria, presidida por el congresista Héctor Valer Pinto (bancada Somos Perú).

Durante la presentación del documento, el titular del grupo de trabajo destacó que el informe constituye una herramienta de vital importancia técnica y operativa para enfrentar la crisis que atraviesa el sector de saneamiento en el país, originada por problemas estructurales de carácter financiero, institucional, regulatorio y de gobernanza que afectan el acceso universal al agua potable.

En el debate participaron diversos integrantes de la comisión. El congresista Miguel Ciccia Vásquez (bancada RP) expresó su preocupación por la situación que atraviesa el departamento de Piura, donde provincias como Paita y Talara continúan enfrentando serias deficiencias en el suministro de agua potable. Asimismo, solicitó que se considere en el informe el trabajo legislativo desarrollado para atender la emergencia hídrica en dicha región.

Por su parte, el congresista Jorge Marticorena (bancada APP) resaltó que la problemática del acceso al agua es una realidad que afecta a distintas regiones del país. En ese sentido, hizo referencia a la situación de diversas localidades de Piura e Ica que aún carecen de servicios básicos adecuados, así como a la necesidad de fortalecer las acciones legislativas orientadas a garantizar el acceso al agua para consumo humano.

El informe final aprobado recoge el trabajo realizado por la comisión durante su período de funcionamiento y contiene recomendaciones orientadas a reducir las brechas existentes en el acceso al agua potable y al saneamiento, especialmente en las poblaciones más vulnerables del país.

Entre sus principales conclusiones, el documento advierte que persisten graves limitaciones estructurales en el sector de saneamiento. Asimismo, señala la falta de financiamiento suficiente para garantizar el acceso universal al agua potable, el agotamiento del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) administrado por el OTASS, el impacto negativo de las sanciones económicas aplicadas a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento y la alta vulnerabilidad de las fuentes de captación de agua en la Amazonía y la sierra central.

También alerta sobre los riesgos que enfrentan infraestructuras estratégicas para el abastecimiento de Lima y Callao, y destaca la necesidad de que el cierre de la brecha de infraestructura hídrica sea asumido como una prioridad de inversión nacional.

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