Quienes accedan ilícitamente a información, datos o sistemas informáticos y amenacen con divulgar, eliminar, alterar o inutilizar dicha información con el propósito de obtener beneficio económico, ventaja indebida o causar perjuicio a la víctima, serán reprimidos con penas de entre 15 y 25 años de prisión.

Así lo dispone el dictamen aprobado con 18 votos a favor, en forma unánime, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside el congresista Flavio Cruz Mamani (PL).

El dictamen, que recae en los proyectos de ley nros. 9443 y 9518, de autoría del congresista Esdras Medina Minaya (RP) e Idelso García Correa (APP), respectivamente, propone la modificación del artículo 200 del Código Penal para incorporar los delitos de extorsión cibernética y adecuar la redacción de los delitos informáticos al Convenio de Budapest; y con ello llenar un vacío legal.

Cruz Mamani, quien sustentó la propuesta, dijo que pese a los esfuerzos normativos, el marco penal vigente no regula expresamente la figura de la extorsión cibernética ni las amenazas digitales derivadas del acceso ilícito a información privada, fenómenos en aumento, según reportes del Ministerio del Interior y de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional del Perú.

“Este contexto evidencia la necesidad de actualizar el Código Penal y la Ley N.º 30096 para incluir las nuevas modalidades delictivas surgidas con la expansión de los entornos digitales, a fin de brindar mayor seguridad jurídica y eficacia a la persecución penal de los ciberdelitos”, dijo.

De acuerdo con el texto sustitutorio de la comisión, la propuesta armoniza las dos iniciativas porque ambos proyectos amplían la cobertura penal frente a fenómenos como el ransomware, phishing y doxxing, que son malwares maliciosos de ataque a archivos para exigir rescate; robo de datos y contraseñas; y publicación de datos personales, respectivamente.

Dicha propuesta legislativa, de acuerdo con la comisión, fortalece la protección de los ciudadanos, instituciones y empresas ante estas nuevas modalidades de crimen digital, con un impacto económico positivo al reducir pérdidas y fortalecer la confianza digital. Es esa línea, también se plantea que la pena será no menor de seis ni mayor de diez años si la conducta afecta sistemas informáticos de uso público o institucional, o compromete la seguridad pública, la continuidad de servicios esenciales o infraestructuras críticas.

CAPACITACIÓN DE PERITOS

De otro lado, con 14 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, se aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 8792/2024-CR y 8854/2024-CR, de autoría del congresista Raúl Huamán Coronado (FP), propone la ley que fortalece la formación, capacitación y certificación de los peritos especializados en informática forense y cibercriminalidad.

Los proyectos, de naturaleza declarativa, responden a una necesidad del Estado peruano de fortalecer su capacidad institucional frente al crecimiento sostenido de la ciberdelincuencia.

INHIBICIÓN

Quedó pendiente de abordar el dictamen de inhibición de los proyectos de ley 09899/2024-CR, 11156/2024-CR y 12795/2025-CR, que propone la ley que incorpora al personal del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos contratado a plazo indeterminado bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios en el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo.

Fue la congresista Martha Moyano (FP), quien pidió que esta propuesta no sea analizada en la Comisión de Justicia, sino en otras comisiones especializados en el tema.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL