La Comisión Permanente del Congreso aprobó un proyecto de ley para que se incluya  una disposición complementaria a la Ley Nº 29022, para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones a través de la adopción de medidas que promuevan la inversión privada en infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.

Para tal efecto, se dispone establecer un plazo adicional de cuatro años para que se prosiga con el programa de expansión de telecomunicaciones orientado a la adecuación de la infraestructura instalada, de acuerdo a lo establecido en la cuarta disposición transitoria y final de la Ley 29022, a través de la promoción de la inversión privada, en vista de que el plazo inicial ya se cumplió.

El proyecto fue aprobado, en primera votación, por 21 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.   

Sustentó la propuesta el congresista Amado Romero Rodríguez (DD), presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Destacó que la norma legal se refería a labores de expansión de telecomunicaciones especialmente para beneficiar a las poblaciones alejadas del país. El plazo venció el presente año y resulta necesario renovarlo, según explicó.

De no realizarse la ampliación del plazo, dijo Romero,  se afectaría a los consumidores y  no se podría beneficiar a los usuarios. En consecuencia, se plantea otorgar un plazo de cuatro años para la adecuación de la infraestructura de telecomunicaciones a la situación actual del país.

Al iniciarse el debate, la congresista Karla Schaefer Cuculiza (FP) destacó que se pedía la ampliación del plazo ley para el fomento del desarrollo de la infraestructura en  telecomunicaciones a través de medidas que permitan la inversión privada. Ello es vital para llegar a los pueblos alejados del país, según subrayó.

OBJECIONES

El congresista Yonhy Lescano Ancieta (AP-FA) señaló que la norma fue dictada originalmente el año 2007 y en el 2011 se le dio una primera ampliación; ahora se plantea otra ampliación de cuatro años. Observó que se trataba de una ley que tenía un carácter casi permanente, cosa que no debería de ser.

“Colocan antenas sobre casas, colegios y en otros sitios para mejorar la infraestructura”, señaló Lescano. Añadió que esto no es ni siquiera fiscalizado por las autoridades encargadas, como dijo que se había observado en distritos limeños como Surco y San Miguel, por ejemplo.

“Si se quiere de ampliaciones, en este caso debe ser esos cuatros años por última vez”, reclamó el representante, al indicar también el efecto dañino que tendría la radiación que emana de las antenas de telecomunicaciones sobre la población.

Esa apreciación de Lescano fue objetada por su colega Mauricio Mulder Bedoya (CP), quien anotó que no se podía aceptar que en el Parlamento se dijesen esas cosas. Opinó que si de ello se trataba, su colega Lescano debería de despojarse de su teléfono celular, el cual también cuenta con su antena y tendría una radiación muy peligrosa para él mismo.

En el debate intervinieron otros legisladores. Javier Bedoya de Vivanco (PPC-APP), intervino para considerar que sí era necesario ampliar el plazo por otros cuatro años y no se invocara para nada la propuesta de que fuese por última vez. Afirmó que la tecnología avanza y cada vez hay más usuarios de teléfonos celulares en el país.

Justiniano Apaza Ordóñez (DD) coincidió con Lescano en que se ampliase por última vez el plazo de cuatro años para realizar obras de infraestructura en materia de telecomunicaciones. Mesías Guevara Amasifuén (AP-FA) observó que había situaciones que surgían y había problemas en el sector telecomunicaciones por ausencia de una ley general sobre la materia, la cual no había sido dictada hasta ahora.

José León Rivera (PP) se mostró de acuerdo con ampliar el plazo para que siguiesen operando las empresas de telecomunicaciones. Martha Chávez Cossío (FP) observó que en el debate se trataba de una ley para el fortalecimiento de la expansión de la infraestructura en telecomunicaciones. En ese sentido, formuló alcances para mejorar el texto de la propuesta de ley.

Wuilian Monterola Abregú (UR) destacó los fines que se persigue con la ley y anotó que de esa manera se buscaba beneficiar a zonas rurales, especialmente las más alejadas de los centros poblados. Solicitó dar por agotado el debate y proceder a su votación. En el mismo sentido se pronunció su colega Mariano Portugal Catacora (UR).       

Igualmente se sumó en favor de la propuesta el legislador Pedro Spadaro Philipps (FP), pero anotó que se debería de precisar también a las empresas del sector a aceptar y respetar las normas y disposiciones que dictan las autoridades en esas materias. Jaime Delgado Zegarra (DD) coincidió con esa posición y advirtió que las empresas muchas veces no respetan las normas que se dictan sobre el particular. Previno, por ello, que el proyecto no resolvía el tema de fondo.

AUXILIARES DE EDUCACIÓN

Posteriormente (ver nota aparte), tras concluir el  cuarto intermedio que fuera acordado horas antes, fue sometido a votación y aprobado el proyecto para normar la política remunerativa de los auxiliares de educación. El congresista Rolando Reátegui expresó que se aceptaba aportes de algunos legisladores durante el debate y en este caso se eliminaron las medidas de discriminación en que se incurría en el pago de bonificaciones en forma similar a los docentes contratados. También se aceptó que  las contrataciones y las promociones serán por concurso público.

El proyecto fue aprobado, en primera votación, por 21 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención. (JTR).

PRENSA-CONGRESO

Puede encontrar más información en nuestra página web y redes sociales.

http://www.congreso.gob.pe/

Facebook: https://www.facebook.com/congresoperu

Twitter: https://twitter.com/congresoperu

Youtube: http://www.youtube.com/congresoperu

Soundcloud: https://soundcloud.com/radiocongreso