Con la presencia del consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Segundo Baltazar Morales Parraguez, se inició la sesión de la Comisión Investigadora sobre los hechos producidos en la Base Contrasubversiva “Madre Mía”, donde estaría implicado el expresidente de la República Ollanta Humala por presuntos atentados contra los derechos humanos en la época que se desempeñó como jefe de esa Base Militar.

El consejero Morales Parraguez se negó a tomar el juramento de ley. “Estoy aquí para cumplir con la invitación, pero no bajo juramento. Ya no soy juez aunque los jueces son independientes y autónomos. Los jueces no pueden ser llamados ante una comisión para dar explicaciones de sus decisiones”, argumentó enérgico.

Informó que con fecha 17 de mayo del 2012 se adoptó el recurso de nulidad aunque el fiscal ni el procurador público estuvieron de acuerdo.

Dijo que sobre la supuesta compra de testigos no se daba porque el que lo iba a hacer no tenía los recursos necesarios, recalcando que el doctor Pedro Chávarry Vallejos, del Ministerio Público, consideró que estaban bien absueltos.

Comentó que no se podía calificar al testigo debido a que no se pudo comprobar ni se configuró el delito. El testigo no tiene un delito penal, era atípico. Por eso de oficio declaramos infundada la denuncia. Había incongruencias y el testigo cambió de declaración.

Recordó que en un inicio declaró que fue torturado por el “Capitán Carlos” y “al enseñarle una foto sindicaba a Ollanta Humala. Luego se retracta y dice que nunca fue torturado. Cambió de versión. Ahora último he analizado y encuentro una serie de irregularidades”. 

Afirmó que los hechos ocurren en 1992 y luego de 13 años llega una coordinadora de Derechos Humanos para denunciar tortura. “En el año 92 no existía el delito de tortura. Solo por desaparición forzada se abre el caso. Es así como el fiscal denuncia a Jorge Ávila Rivera,  como a Amílcar Gómez Amasifuen y Robinson Gómez Reátegui”, acotó.

Sobre la entrega de suma de dinero, el magistrado opinó que ellos concluyen en que nunca se entregó los 4 mil dólares a Jorge Ávila Rivera. Esa declaración la hizo escrita y el notario la señaló que solo legalizó la firma, que no la redactó. “No era creíble y además no se probó. La prueba para el juez o fiscal, es todo aquello que puede ser objeto de debate”, manifestó.

Opinó que según el fiscal, el principal responsable sería Ollanta Humala, pero  el juez se pronuncia e indica que no se le debe comprender en el caso.

La presencia del consejero del CNM, Segundo Morales Parraguez, se llevó a cabo hoy viernes 25 de Mayo, en el marco de la vigésima primera sesión ordinaria, en la sala Gustavo Mohme Llona, en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.                       

CHEHADE EN SESIÓN RESERVADA

Como segundo invitado, estuvo Omar Karin Chehade Moya, ex abogado defensor de Ollanta Humala Tasso, pero su participación fue de manera reservada por el lapso de 70 minutos.

Finalmente, se presentó el ex juez Supremo de la segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, Raúl Alfonso Valdéz Roca. Sostuvo que el juez César San Martín Castro fue quien revisó el expediente.

“Hizo un análisis de todo lo que ocurrió en el proceso. No había mérito para pasar a juicio oral a Ollanta Humala. También analizó el dictamen del Fiscal Supremo, Pablo Sánchez Velarde, actual Fiscal de la Nación. Al final concluyó igual que la sala, de no haber mérito para juicio oral. No habían elementos suficientes”, manifestó.

El presidente de la comisión, Héctor Becerril Rodríguez le inquirió sobre la declaración jurada simple de Abram Paredes Quiterilla (a) “Saladito”, de ¿ ¿por qué se validó?, el magistrado respondió que se procedió a un análisis integral de los testigos. Jorge Ávila Rivera contaminó el proceso, cambió de versión.

“Fuimos 9 jueces, magistrados que coincidimos en esa sentencia, fue uniforme. “Saladito” estaba plenamente identificado. No fue un impostor. El juez le da el valor a una prueba, no el abogado defensor”, puntualizó (JCHOY)

PRENSA-CONGRESO

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