En la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el excongresista Jorge Castro Bravo, negó haber incurrido en la comisión de los delitos de concusión y violación de correspondencia imputados por la Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos a través de la denuncia constitucional 189 (ex 373).

“A mí nunca me han dado un solo sol y no hay ninguna prueba que me incrimine”, señaló el exparlamentario durante la audiencia realizada el viernes 11 a cargo de la congresista Rosío Torres Salinas (APP), en su condición de titular de dicha subcomisión.

Castro Bravo dijo que los aportes monetarios que hicieron un grupo de trabajadores de su despacho fueron por acuerdo voluntario de 6 ó 7 trabajadores de un total de 43 que tenía en su despacho.

“No hay una sola prueba señora presidenta. Ellos tomaron un acuerdo voluntario, es falso lo que dice el fiscal”, dijo el excongresista al tiempo de advertir que el “Ministerio Publico alteró los hechos” para perjudicarlo.

Al exponer el contenido de la denuncia el congresista Waldemar Cerrón (PL) dijo que se le atribuye al ex congresista obligar a sus trabajadores a pagar mensualmente una suma de dinero conocida como diezmo, aporte o bolsas para solventar los gastos de su local de representación en la ciudad de Tacna.

Asimismo, haber accedido indebidamente a las conversiones personales de wathsapp de la extrabajadora Nieves Esmeralda Limache Quispe encontradas en la computadora asignada por el Congreso de la República.

“No existen elementos de convicción que vinculen al excongresista con la presunta comisión del delito de concusión y otro tipificado y sancionado en el Código Penal vigente los cuales son de competencia del fuero ordinario común y que en el presente caso no se ha acreditado una infracción constitucional que amerite juicio político”, dijo Cerrón.

En tal sentido -agregó- se recomienda declarar improcedente la DC 189 por no acreditarse la vulneración a la norma constitucional, en consecuencia, deberá ser remitido al Ministerio Publico para que prosiga conforme a sus facultades conferidas por ley.

Por la parte denunciante participó el fiscal Ludgardo Ramiro Gonzales Rodríguez quien afirmó que existe una serie de testimoniales que dan cuenta que desde agosto de 2016 se habría obligado a los trabajadores a hacer los aportes.

“Existen elementos que acreditan la configuran la configuración de dos delitos concusión y violación de correspondencia. Resulta incoherente lo que acaba de señalar el congresista delegado en el sentido que no habría elementos”, dijo el fiscal.

REPROGRAMACIÓN

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales suspendió la audiencia respecto de la denuncia constitucional contra el excongresista Roberto Vieira Portugal, por presunta infracción de la Constitución, y por la probable comisión de delitos. Lo hizo a solicitud del ex parlamentario debido a que por un percance de último momento su abogado no lo acompañaba en la sesión virtual.

Este pedido fue respaldado por los congresistas Carlos Bustamante (FP) y Jeri Oré (SP) quienes coincidieron al subrayar que la presencia del letrado constituye una parte importante de su defensa. De lo contrario se estaría atentando contra su derecho a legítima defensa. Puesto al voto el pedido alcanzó 12 votos a favor y 2 abstenciones con lo cual la audiencia será reprogramada.

AUDIENCIAS

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fijo para el viernes 18 de marzo al mediodía la realización de la audiencia de la denuncia constitucional 75 (ex 417), toda vez que su delegado el congresista Wilson Soto Palacios (AP), presentó su informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas.

Ese mismo día -una hora después- se realizará la audiencia de la denuncia constitucional 188 (ex 368) debido a que hizo lo propio su coordinador el congresista Alejandro Muñante Barrios(RP), al presentar su informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas.

También se fijó para el viernes 25 de marzo al mediodía la realización de la audiencia respecto de la denuncia constitucional 175 (ex 245) luego de que el congresista Hernando Guerra-García Campos (FP) en su condición de delegado hiciera lo propio al presentar su informe.

AL ARCHIVO

Con 10 votos a favor y una abstención fue aprobado el informe final que recomienda el archivamiento de la denuncia constitucional 176 (ex 246), formulada por la excongresista Janet Sánchez Alva, contra la exparlamentaria Maritza Matilde García Jiménez, por presunta infracción constitucional del artículo 38 de la Constitución, y por la probable comisión del delito de falsedad genérica, tipificado en el artículo 438 del Código Penal. la sustentación la hizo la congresista Mary Acuña Peralta (APP) en su condición de delegada.

OFICINA DE COMUNICACIONES