EXAMINARÁN ALCANCES DE LEY DE ADUANAS

Centro de Noticias del Congreso

17 May 2019 | 15:27 h

 

 

       La Mesa de Trabajo para el impulso de la competitividad del comercio exterior y turismo, encabezada por la congresista Ana María Choquehuanca, analizará a profundidad los alcances de los decretos legislativos 1235 y 1433 (Ley de Aduanas) vinculados al sector del comercio exterior y a las operaciones de exportación e importación.

         Lo hará con participación de representantes de los ministerios de Economía y de Transportes; así como de Aduanas y de los operadores portuarios. El acuerdo fue tomado en la sesión que realizó el viernes 17 en la sesión de dicho grupo de trabajo y luego de escuchar a los representantes de los usuarios de los servicios de importación y exportación por la vía marítima.

         El presidente de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR), Fausto Chire Banda, observó que de entrar en vigencia ambos decretos legislativos que modifican la Ley General de Aduanas y su reglamento,  a partir del 1 de enero del 2020 se afectaría a 15 mil exportadores e importadores porque estos últimos tendrán que usar el despacho anticipado y no da la libertad de hacerlo antes, durante y después, en aplicación de la legislación vigente.

         El Estado quiere hacer monopolio en el Callao. Ha presentado un reglamento con plataformas logísticas de titularidad. “El Estado no puede administrar y mucho menos operar plataformas logísticas en lugares donde esas actividades empresariales ya son desarrolladas por privados”, agregó el representante de ASPPOR.

         Explicó que el proyecto de reglamento, tal como está, podría entrar en inconstitucionalidad (art. 80 y 81) y ya existen plataformas logísticas en el sector marítimo creadas y operadas por privados que atienden carga multimodal de importaciones y exposiciones alrededor del puerto.

         “Los almacenes no podrán recibir carga de los importadores ya que también se deroga el artículo 30 de la actual Ley General de Aduanas, ni podrán almacenar carga extranjera nacional o nacionalizada  porque obliga que la carga sea retirada directamente del puerto por el importador”, dijo Chire.

         Advirtió que los exportadores del país también se perjudicarán porque no podrán acopiar sus cargas en los almacenes aduaneros para su exportación. Solo podrán ingresar carga DAM numerada, por lo que deberán consolidar su mercancía en su propio almacén. Esto significa mayor infraestructura e incurrir en mayores costos, lo cual impacta en las exportaciones.

         A la sesión también asistió el presidente de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos, Estenio Pinzas Vidmar, para informar sobre el mismo tema. Dijo que el sector marítimo y portuario esta sobrerregulado  y con tendencia a aplicar procedimientos burocráticos contrarios a la normativa internacional (FAL65), que no agregan valor y son generadores de sobrecostos portuarios.

         “Los procedimientos que aplican las autoridades nacionales deben ceñirse a la normativa internacional OMI. Se debe tener como referencia el FAL 65 que es aplicado a nivel mundial. Antes de emitir una norma debe necesariamente publicarse para recoger opinión del sector, ya que se corre el riesgo de ser inaplicables en la práctica”, agregó  Pinzas.

         Igualmente participó el presidente de la Asociación Marítima del Perú, Francisco Betancourt Almenara.

         Durante el debate, la congresista Ana María Villanueva se comprometió a coordinar con el Ejecutivo a fin de que se pueda pre publicar el reglamento del DL 1433 y se pueda “socializar”, que no salga “entre gallos y medianoche” como denunciaron los invitados a la sesión.

         Por su parte, la congresista Bety Ananculí dijo que era importante la participación del sector privado para dar crecimiento a la economía del país y observó que el Estado en vez de apoyarlos está poniendo trabas.

         La congresista María Melgarejo dijo que no trabajar de manera articulada “huele a divorcio” y eso no es conveniente para el sector ni para el país.

         En su intervención, el congresista Guillermo Martorell consideró necesario que el grupo de trabajo revise los dispositivos legales escuchando a ambas partes a fin de determinar cuáles son los criterios usados que colisionan con un normal funcionamiento del sistema del comercio exterior con el propósito de ser competitivos.

         Con ello coincidió el legislador Moisés Guía Pianto, presidente de la Comisión de Comercio Exterior, quien acudió a la reunión preocupado por el tema e interesado en abordar una solución desde el Parlamento. Ese mismo interés fue compartido por la congresista Ana María Choquehuanca, quien expresó su compromiso de trabajar en una solución satisfactoria.

PRENSA CONGRESO

 

 

 

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