Las exministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara y Carmen Omonte, fueron excluidas de responsabilidad en la investigación que realizó la Comisión de Fiscalización y Contraloría en torno a la compra de pañales en el 2013.

Así lo acordó el miércoles 18, este grupo legislativo luego de que se aprobara la cuestión previa que planteó el congresista Juan José Diaz Dios en el sentido de que se excluya a las exministras de la investigación, y que el informe pase a la Fiscalía de la Nación para que investigue a los funcionarios implicados en las presuntas irregularidades en la adquisición de los pañales.

Sobre el incremento de 50 millones de soles en el presupuesto de ese ministerio  para la adquisición de los pañales, el informe concluye en que  se concretó en virtud del pedido de la exministra Ana Jara Velásquez mediante carta simple, sin sustento documentario de la necesidad de dicho pedido. Parte de ese monto fue destinado para la compra de 8 millones 240 mil pañales materia de la investigación.

La congresista Ana Jara, quien se encontraba presente en el debate del informe, dijo que la Contraloría General de la República hizo una auditoría sobre los 50 millones de soles y no halló responsabilidad. “Dios mío, no les basta con lo que dice la Contraloría”, dijo la ex ministra  al tiempo de lamentar que sus descargos, presentados por ella y su abogado en una sesión anterior, no hayan sido incluidos en el informe final.

El documento también señala que la adquisición de los pañales por un monto de 6,143,700,00 soles fue sin sustento de la necesidad, sin un plan de distribución, sin beneficiarios ni de un plan de almacenaje. Se precisa que Jara Velásquez no efectuó supervisión de los procesos de contrataciones, por lo tanto omitió funciones inherentes al cargo que desempeñó.

“Se trata de una afirmación temeraria porque, yo como ministra de Estado,  no he participado en ninguna de las etapas de los procesos de adquisición y no me corresponde, porque, reitero, no forma parte de mis funciones como  ministra, sino porque la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento son explícitos en determinar qué áreas y funcionarios son los que participan en cada etapa de los procesos”, puntualizó Jara Velarde.

En el debate, el congresista Martín Rivas coincidió con la exministra al considerar que en el informe no se había podido probar los delitos de colusión ni contubernio. “Cuando existe una presunción tiene que haber elementos probatorios”, opinó.

Por su parte, el congresista Héctor Becerriil opinó que el informe sea votado “como está”, es decir sin modificaciones. “Yo creo que hay un hecho claro y contundente. Hay 50 millones de soles que no están en el presupuesto. La Contraloría no ha archivado este caso”, expresó.

El congresista Alejandro Aguinaga dijo que el ánimo persecutorio del delito lo tiene el Ministerio Público. “Si el Ministerio Público resolvió de una manera, eso deberíamos respetarlo”, acotó.

A su turno, el legislador Javier Velásquez Quesquén advirtió que las comisiones ordinarias no están facultadas para imputar delitos penales ni a los congresistas ni a los altos funcionarios. Opinó que las conclusiones se contradicen con las recomendaciones.

La cuestión previa para que se excluya a las ex ministras de las investigaciones fue aprobada luego por mayoría, con 9 votos a favor y 5 en contra.

Posteriormente se aprobó el informe final, por mayoría, con la recomendación de remitirlo al Ministerio Público para que en uso de sus atribuciones inicie las acciones correspondientes en contra de los funcionarios involucrados según el informe debatido.

PRENSA-CONGRESO

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