Este miércoles 29, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Lady Camones Soriano (APP), escuchará, debatirá y tomará una decisión, a través del voto, sobre el informe final de la denuncia constitucional presentada contra seis parlamentarios de la bancada de Acción Popular.

Se trata de la denuncia nro. 300 presentada por la congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País), contra seis parlamentarios por supuestamente haber incurrido en delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de Influencias.

La sesión se realizará a partir de las 16:00 horas, según lo anunció la presidenta de la subcomisión a pedido de la congresista delegada del caso, Norma Yarrow Lumbreras (Avanza País), quien está a cargo de la elaboración de la propuesta de informe final de la Denuncia Constitucional N.° 300.

La denuncia es en contra de los legisladores Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Ilich Fredy López Ureña, y Elvis Hernán Vergara Mendoza.

De aprobarse el informe final respectivo será remitido a la Comisión Permanente para su evaluación correspondiente y de allí, su destino es el Pleno del Congreso.

ADMISIÓN EN UN EXTREMO

De otro lado, la subcomisión aprobó por mayoría el informe de calificación de la denuncia constitucional presentada por la congresista Leslie Vivian Olivos Martínez (FP), en contra del exmandatario José Pedro Castillo Terrones, en su condición, en ese entonces, de presidente de la República.

Se trata de la denuncia por la emisión del Decreto Supremo nro. 34 que dispone la inmovilización social de la población de Lima y Callao el pasado 5 de abril del 2022, lo que afectó derechos fundamentales de los ciudadanos y que habría tenido como objetivo afrontar una movilización del sector transportes en contra del gobierno.

La secretaría técnica de la subcomisión recomendó la aprobación de su admisión en un extremo y el archivamiento en otro, pues no se cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y por otro lado se puede dar inicio a investigación de los hechos.

MÁS DENUNCIADOS

La denuncia por infracción constitucional también comprende a Aníbal Torres Vásquez, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros y de 17 exministros de ese gabinete.
Así tenemos, en condición de acusados, a José Luis Gavidia Arrascue (exministro de Defensa); Alfonso Chávarri Estrada (exministro del Interior); Félix Chero Medina (exministro de Justicia y Derechos Humanos).

Asimismo, la actual presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra (exministra de Desarrollo e Inclusión Social); César Rodrigo Landa Arroyo (exministro de Relaciones Exteriores); Oscar Miguel Graham Yamahuchi (exministro de Economía y Finanzas); Rosendo Leoncio Serna Román (exministro de Educación); Óscar Zea Choquechambi (exministro de Desarrollo Agrario y Riego).

También Betssy Betzabet Chávez Chino (exministra de Trabajo y Promoción del Empleo); Jorge Luis Prado Palomino (exministro de la Producción); Roberto Helbert Sánchez Palomino (exministro de Comercio Exterior y Turismo); Carlos Sabino Palacios Pérez (exministro de Energía y Minas); y Nicolás Bustamante Coronado (exministro de Transportes y Comunicaciones); Geiner Alvarad López (exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (actualmente exministro); Diana Miriam Miloslavich Tupac (exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables); Modesto Edilberto Montoya Zavaleta (exministro del Ambiente); Alejandro Antonio Salas Zegarra (exministro de Cultura).

Antes, la subcomisión aprobó por mayoría archivar la denuncia constitucional, por improcedente, la denuncia formulada por la ciudadana Ana Sofía Esquivel Álvarez, directora del Centro de Conciliación y Arbitraje Asociación para la Resolución Creativa de Conflictos – APRECCO, contra el fiscal supremo Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, por presunto delito de Prevaricato.

Igual suerte corrió la denuncia formulada por el ciudadano Fredy Eloy Vizcarra Villegas, contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera y la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima, Aurora Remedios Castillo Fuerman, por supuesta obstrucción a las investigaciones fiscales. Se sostiene que no cuenta con los criterios establecidos en el Reglamento del Congreso porque el denunciante no es el directamente el afectado.

OFICINA DE COMUNICACIONES