Los notarios públicos estarán facultados a celebrar matrimonio civil en la provincia del domicilio de cualquiera de los contrayentes, según la propuesta legal aprobada, en primera votación, por el Pleno del Congreso.

La decisión se adoptó por 58 votos a favor, 49 en contra y cinco abstenciones. El texto sustitutorio de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos será sometido a una segunda votación transcurridos siete días calendarios, de conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso.

La propuesta fue sustentada por la titular de ese grupo de trabajo, Gladys Echaíz de Núñez (APP), quien indicó que la prohibición para los funcionarios y servidores públicos de cobrar derechos por el matrimonio civil no alcanza a los notarios.

El dictamen, que comprende la propuesta del congresista José Luis Elías Ávalos (NA), señala que el matrimonio civil es un acto público que se realiza conforme a las reglas del Código Civil ante autoridades y funcionarios que dicho código prevé, en consecuencia, la medida que se incorpora es competencia del notario y la modificación de la Ley 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos es innecesaria.

Durante el debate se pronunciaron opiniones a favor y en contra de la propuesta y los congresistas José Balcázar Zelada y Alex Flores Ramírez de Perú Libre; y Mery Infantes Castañeda (FP), pidieron su retorno a comisiones para un mayor estudio.

A favor se manifestaron, entre otros, los congresistas Susel Paredes Piqué (NA), Alejandro Cavero Alva (Avanza País), Eduardo Salhuana Cavides (APP), quienes consideraron la iniciativa legislativa como un paso adelante en alternativas que ofrecer desde el sector público para atender las demandas de la población. Asimismo, coincidieron en afirmar que no les resta competencia a los gobiernos locales.

Por su lado, Héctor Acuña Peralta (APP), José Balcázar Zelada (PL) y Jaime Quito Sarmiento (PL) coincidieron en aprobar primero la Ley del Notario Público, como lo plantean varios proyectos en estudio.

Entretanto, los congresistas Milagros Jáuregui Martínez y Alejandro Muñante Barrios, de Renovación Popular; y María Acuña Peralta (APP) , coincidieron en cuestionar el proyecto de ley porque el matrimonio, considerado como un contrato, debilita la institucionalidad familiar.

El congresista Pedro Martínez Talavera (AP), quien fue alcalde en periodos pasados, consideró que la aprobación del proyecto conduciría a afectar el fuero municipal y restarle recursos.

OFICINA DE COMUNICACIONES