La congresista Indira Huilca Flores (FA), presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, afirmó hoy viernes 24 su compromiso de trabajar permanentemente en defensa de la mujer y, con ella, en favor de las mujeres migrantes en el Perú, para así terminar con una serie de abusos y perjuicios que actualmente ellas soportan.

Al inaugurar una audiencia pública sobre la problemática de las mujeres migrantes en el Perú, señaló que ese evento forma parte de un plan de trabajo que ha realizado su despacho parlamentario desde un comienzo, en coordinación con organismos estatales e instituciones de la sociedad civil.

“Ser mujer no es sencillo en el Perú y en la región”, comentó la parlamentaria, al aludir a desventajas que ellas sufren en el país. Puso especial énfasis en las dificultades que afrontan las mujeres migrantes que, por ejemplo, suelen ser expulsadas del territorio nacional por meros trámites administrativos, sin tener en cuenta que ellas muchas veces son sostén de sus pequeños hijos, los cuales suelen quedar en abandono por esas causas.

Huilca renovó su compromiso de seguir trabajando en ese frente, anotando que recientemente se había incidido en acciones específicas a través de los decretos legislativos dictados por el Poder Ejecutivo al amparo de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso.

“Hemos asumido un trabajo compartido con otros organismos del Estado de manera que podamos contar con herramientas eficaces para terminar con los abusos que suele darse en perjuicio de las mujeres”, señaló la legisladora en su intervención realizada en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.

Indicó que son muchos los problemas y desventajas que padecen las mujeres peruanas y las migrantes que llegan al país, situaciones que el Estado debe afrontar y revertir definitivamente.

Añadió que esas son tareas que su despacho proseguirá en adelante, por lo que reiteró su llamado a organismos vinculados con el tema y también a diversas entidades de la sociedad civil.

En el evento hubo dos mesas de trabajo, una integrada por representantes de los ministerios de la Mujer, de Desarrollo e Inclusión Social y de Relaciones Exteriores, así como de la Superintendencia Nacional de Migraciones y de la Defensoría del Pueblo. Otra mesa estuvo integrada por estudiosos y especialistas en representación de la sociedad civil. (JTR).   

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