El Pleno del Congreso dejó en cuarto intermedio el dictamen que recomienda la insistencia de la autógrafa de ley que propone crear incentivos fiscales para el fomento de las actividades cinematográficas y audiovisuales en Perú.

La solicitud fue presentada por el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Ilich López Ureña (AP), quien afirmó que “se requiere tener un dictamen que no genere controversias y que vaya en beneficio del país”.

La autógrafa observada por el Poder Ejecutivo recoge los proyectos de ley 3258/2022-CR, 5206/2022-CR, 5903/2023-CR, 6112/2023-CR, 6291/2023-CR, 6684/2023-CR y 7697/2023-CR.

El objetivo es establecer incentivos económicos y fiscales para fomentar las actividades cinematográficas y audiovisuales en el territorio nacional, con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible e inclusivo de las diversas expresiones culturales de Perú.

No obstante, la propuesta legislativa ha generado controversia respecto al artículo 13. Varios parlamentarios han señalado que se trataría de una «censura a la libre expresión, tal como está consignada en la Constitución del Perú», ya que establece «la exigencia de respeto a las buenas costumbres y la defensa de los intereses del Estado peruano».

La congresista Sigrid Bazán Narro (BDP) expresó que no se deben beneficiar de los estímulos a pautas publicitarias ni organizaciones políticas, ya que lo que se busca es poner en tela de juicio lo que es y no es político. Señaló que el monto asignado no supera el 70 % y advirtió que el cine regional podría desaparecer debido a que su desarrollo ha quedado al margen de estos estímulos.
En la misma línea, su colega de bancada Susel Paredes Piqué afirmó que el cine es tanto arte como industria, y lamentó que la propuesta no haya pasado por la Comisión de Cultura.

«El cine es arte y no debe ser tratado únicamente por la Comisión de Economía; también deben ser invitados directores, actores y dramaturgos. Ellos consideran que hay censura, pues se argumenta que no se pueden financiar proyectos en contra del orden constitucional. Las obras no deben ser censuradas», afirmó.

Por su parte, la congresista Patricia Juárez Gallegos (FP) destacó que el objetivo de la iniciativa es impulsar la producción nacional y generar incentivos para que se realicen producciones como las que se realizan en otros países.

Aseguró que la afirmación de que se está menoscabando el cine regional es falsa, y recalcó que el monto asignado para los estímulos al cine regional puede llegar hasta el 100 %. «Vivimos en un Estado de derecho, no hay censura. No podemos permitir que se generen incentivos para normas que promuevan organizaciones políticas ni que contravengan la defensa nacional u orden interno de un país», indicó.

El titular de la Comisión de Economía recalcó que no se puede afirmar que exista censura.

«El artículo 13.3 establece que puede haber censura en aquellas obras cinematográficas que no respeten las normas constitucionales o atenten contra el Estado de derecho», puntualizó. Aseguró que el dinero del Estado no puede ser destinado a financiar propaganda electoral o beneficiar directamente a organizaciones políticas ni aquellas que vulneren la Constitución o el orden jurídico. «No estamos censurando a nadie. Al contrario, buscamos preservar nuestra democracia y proteger el cine regional», concluyó.

Cabe indicar, que el grupo de trabajo se allanó en los párrafos 2.3 y 2.4, sobre la definición de Certificado de Inversión en Producción Audiovisual y de Crédito Audiovisual, respectivamente.
En el párrafo 4.1, sobre el requisito de nacionalidad; en el párrafo 16.1, en lo que respecta a la precisión sobre personas naturales o jurídicas que realicen acciones con fines culturales; y en la Décima Disposición Complementaria Final, respecto a los tributos de periodicidad anual. Sin embargo, insiste en todo lo demás que contiene la autógrafa de ley.

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