Senadores de diversas bancadas demandaron la necesidad de establecer mejores mecanismos que permitan al Ministerio de Justicia dar resultados de su gestión institucional, así como resolver en términos reales el hacinamiento carcelario en nuestro país.

Fue durante la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, que preside Katherine Ampuero Meza (Renovación Popular), y que contó con la participación del ministro de Justica, Ernesto Álvarez Miranda, quien estuvo acompañado por el viceministro de Justicia, Juan Falconi Gálvez.

Durante su presentación, el ministro informó sobre las principales acciones que viene implementando su sector ante la problemática penitenciaria y el hacinamiento, situación jurídica de la población penitenciaria, corrupción, control de los establecimientos penitenciarios, construcción de nuevos penales, bloqueo de comunicaciones y control de organizaciones criminales, entre otros.

En relación con las principales políticas y lineamientos del Ministerio de Justicia, Álvarez Miranda señaló que apuntan fuertemente a reformas en la legislación procesal, medidas contra la extorsión y un plan de contingencia penitenciario.

RESULTADOS DE GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MÁS PENALES

En su intervención, la presidenta de la comisión, la senadora Katherine Ampuero Meza (Renovación Popular), criticó que el ministro de Justicia atribuyera a una «expresión cultural» las violaciones cometidas contra niñas y adolescentes en Condorcanqui, Amazonas, y exigió un rol más protagónico de su sector en la defensa de las víctimas de abuso sexual y de su propia gestión institucional.

“Con estas expresiones, usted está legitimando este tipo de violaciones y, es más, dándoles un argumento de defensa a los abogados de los violadores. ¿Cuántos abogados defensores tenemos en Condorcanqui, ¿existe oficina de defensa publica?, ¿cuáles son los resultados de gestión?”, interrogó.

En tanto, el senador Andrés Ramos Huillcas (Juntos Por el Perú) señaló la necesidad de reformar la justicia en el país, mejor infraestructura penitenciaria, y cumplir con las reparaciones sociales y el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana.

También solicitó información sobre los avances de la construcción del megapenal en Ica y en Huacho, así como sobre los protocolos de intervención en la justicia y qué cambios se están haciendo al respecto con las investigaciones penales, sobre el Código Procesal Penal, tipos y reducción de audiencias, y otros asuntos.

Los senadores Patricia Iturregui Byurne y Jorge Gavidia Rodríguez (Partido del Buen Gobierno) se refirieron al pago de las reparaciones y sus procedimientos para su ejecución como el caso de 80 personas de La Oroya, en Junín, a ser resarcidos. De igual forma, solicitaron se sincere la proyección de gastos y recursos y sobre el tema de la reinserción penitenciaria.

El senador Iber Maraví Olarte (Juntos Por el Perú) manifestó su preocupación por el rol que tienen actualmente los operadores de justicia en el país, y que no sería auspicioso para los intereses de los ciudadanos. Tras cuestionar la designación del ministro de Justicia, solicitó la construcción de más centros penitenciarios.

La senadora Mirtha Vásquez Chuquilín (Ahora Nación), también se refirió a la crisis carcelaria en el país y la necesidad de mejorar los sistemas de bloqueo celular en los penales.

La senadora Martha Chávez Cossio solicitó información de las víctimas de las asonadas que hubo en el año 2022 durante las protestas en el sur del país, entre militares y civiles.

Al término de su presentación, el titular de Justicia respondió a diversos interrogantes y solicitudes de información de los senadores, señalando al mismo tiempo la necesidad de evitar la politización de la justicia en el Perú.

La presentación de la procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, fue reprogramada para el próximo 7 de octubre.

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