El Pleno del Congreso pasó a un cuarto intermedio el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6851/2023-CR, que propone establecer medidas de registro, control y fiscalización sobre la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que, de forma directa o indirecta, puedan ser utilizados en actividades de minería ilegal.

Esta propuesta legislativa busca frenar el desvío de dichos insumos hacia actividades al margen de la ley, al tiempo que promueve la minería formal en el país.

Durante la sustentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, congresista Ilich López Ureña (AP), explicó que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) será la autoridad encargada de ejercer el control y la fiscalización de los insumos químicos fiscalizados, en el marco de lo dispuesto por esta ley y las normas complementarias.

En el ejercicio de esta competencia, la SUNAT tendrá a su cargo la supervisión del ingreso, permanencia, transporte, traslado, salida, distribución, comercialización y demás operaciones relacionadas con dichos insumos, tanto dentro del territorio nacional como hacia y desde el territorio aduanero, sin perjuicio de las competencias de otras entidades del Estado.

Asimismo, corresponderá a la SUNAT verificar la documentación vinculada al uso, transporte, almacenamiento y comercialización de estos insumos, así como aplicar las sanciones administrativas pertinentes conforme al régimen sancionador previsto en la ley.

También deberá absolver las consultas formuladas por los usuarios sobre el sentido y alcance de las disposiciones contenidas en la norma, su reglamento y otras disposiciones complementarias.

Además, la SUNAT articulará su labor de fiscalización en el marco del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), a fin de asegurar la trazabilidad operativa de los insumos, en cumplimiento de la Ley 32213.

El dictamen también establece que el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) colaborarán con la SUNAT en las acciones de control y fiscalización, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a lo dispuesto por la presente ley y las normas aplicables.

Durante el debate, se destacó que la norma representa un avance importante en la lucha contra la minería ilegal y los delitos asociados, con una propuesta de alta viabilidad técnica, legal, social y ambiental.

El congresista José Williams Zapata (Avanza País), autor de la iniciativa, sostuvo que el registro, control y fiscalización de los insumos químicos a cargo de la SUNAT permitirá avanzar en la interdicción de la minería ilegal y combatir la criminalidad asociada a dicha actividad, enfatizando que la minería debe desarrollarse dentro del marco legal establecido y con respeto a la institucionalidad.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL