El Pleno del Congreso, en su sesión matutina, acordó pasar a un cuarto intermedio el debate del proyecto de ley que busca prevenir y sancionar el acoso político y modificar el Código Penal y la Ley Orgánica de Elecciones.

La propuesta propone modificar un artículo del Código Penal para incluir determinados delitos que afectan a las mujeres. Es decir, plantea que hacer apología de los delitos relacionados con las distintas formas de violencia contra las mujeres tenga una pena más alta a la actual.

En su intervención, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Valdez Farías (APP), señaló que la norma busca sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres que ejercen cargos políticos en los distintos niveles de gobierno.

“Los que ejercen cargos de elección popular, los que ejercen cargos políticos y ejecutivos en todos los niveles de gobierno, los representantes de las organizaciones sindicales, estudiantiles, las comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios, los representantes de organizaciones sociales vinculadas a actividades políticas. Además, define el acoso político como toda conducta que limite e impida, anule u obstaculice el goce o derecho de participación política”, subrayó Valdez durante la sustentación de la iniciativa.

Por su parte, la legisladora Leslye Lazo Villón (AP), presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, señaló que es importante consensuar un nuevo texto que tenga por finalidad ir en contra del acoso político para todas las mujeres.

“Se debe hacer una distinción con respecto a la sanción del acoso político. Estamos en duda de que el acoso político sea sancionado en el ámbito administrativo como propone el texto sustitutorio. Desde mi punto de vista, la fórmula legal propuesta no es la más real”, indicó.

En el mismo sentido, la parlamentaria Carolina Lizárraga Houghton (PM), presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, señaló que el acoso político constituye una vulneración a los derechos humanos en el ámbito político, una forma de violencia de género que existe en nuestro país, que impide y obstaculiza el derecho del ejercicio político de las mujeres en condiciones de igualdad.

Precisó que, en lo que va del 2021, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) identificó que de 187 mujeres autoridades entrevistadas, el 39 % fue afectado por alguna forma de acoso político, es decir, dos de cinco autoridades mujeres estuvieron expuestas a esta forma de violencia.

En las elecciones regionales y municipales del 2014, el JNE encuestó a 503 candidatas de las cuales el 26 % señaló haber sufrido de acoso político, el 58 % señaló haber sufrido hostigamiento y el 34 % haber sido víctima de alguna forma de violencia durante el proceso electoral.

“Por ello, es necesario mayores acciones afirmativas para promover la participación política real de las mujeres, es cierto que existen más mujeres políticas que antes, pero persisten las prácticas discriminatorias”, Lizárraga.

Lima, 8 de marzo de 2021

OFICINA DE COMUNICACIONES