En cuarto intermedio quedó el dictamen que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635 y el Código Civil, Decreto Legislativo 295, a fin de incrementar las penas y hacer efectivo el pago indemnizatorio por el daño al honor causado al querellante.

La decisión se adoptó a solicitud del presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Américo Gonza Castillo (PL).

Sin embargo, el titular del Parlamento, José Williams Zapata, pidió que este tema sea votado en la siguiente sesión, toda vez que ya se aceptó otros cuartos intermedios en las sesiones del 18 y 25 de mayo pasado.

La propuesta indica que, el que atribuye falsamente a otro un delito, será reprimido con noventa a ciento veinte días-multa e imposición de reparación civil en favor del querellante.

Además, el que ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor, reputación o intimidad personal, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años, con treinta a ciento veinte días-multa e imposición de reparación civil en favor del querellante.

Si la difamación se refiere al hecho previsto en el artículo 131, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años, con noventa a ciento veinte días-multa e imposición de reparación civil en favor del querellante.

Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, con ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días-multa e imposición de reparación civil en favor del querellante.

El congresista Américo Gonza Castillo (PL), presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, señaló que la propuesta busca que se repare de manera integral cuando es mancillado el honor de una persona, pues el daño a veces es irreparable.

«El Estado ha hecho innumerables esfuerzos para implementar estrategias y mecanismos encaminados a la protección de los derechos fundamentales del individuo, pero no han sido suficientes a lo largo de los años”, indicó.

El congresista Segundo Montalvo Cubas (PL), autor de la iniciativa, refirió que su propuesta protege a todos los peruanos.

«No es una ley mordaza, no está dirigido a los medios de comunicación, sino a cualquier ciudadano que afecte su honor», señaló.

OFICINA DE COMUNICACIONES