En cuarto intermedio quedó el debate y votación del dictamen recaído en los proyectos de ley 6093, 6257, 6305, y otros, que propone crear un  Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia e implementa las Unidades de Flagrancia Delictiva a nivel nacional.

Según la propuesta, se establece un marco normativo para la creación, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, con el propósito de garantizar una respuesta oportuna y eficiente a los delitos flagrantes a través de las unidades de flagrancia delictiva a nivel nacional.

Asimismo, busca garantizar el acceso a la justicia de manera oportuna, protegiendo los derechos fundamentales de las personas involucradas en los procesos.

La norma aplica en todo el territorio nacional y es de obligatorio cumplimiento por parte de los operadores del sistema de justicia penal que integran el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva.

Durante el debate, el legislador Isaac Mita Alanoca (PL), presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, indicó que el proyecto tiene como objetivo primordial el establecimiento de principios claros y la creación del Consejo Nacional de Justicia especializado en flagrancia delictiva, así como la implementación del comité distritales encargados de esta materia en sus respectivas jurisdicciones.

La legisladora Rosselli Amuruz (Avanza País), una de las autoras, propuso la participación del Ministerio de la Mujer. “Se requiere de una unidad de protección a la víctima para evitar la revictimización y también propongo un área para servicios forenses con alta tecnología en la investigación inmediata”, dijo.

Por su parte, Américo Gonza Castillo (PL), señaló que con esta ley el Ministerio Público, tendrá la obligación de enviar un fiscal a las unidades de flagrancia. “Eso es lo que se está haciendo con esta ley, instituyendo para que de manera perentoria obligatoria los fiscales hagan su trabajo”, sostuvo.

Los congresistas Magaly Ruiz Rodríguez (APP), Luis Aragón Carreño (AP), y Juan Burgos Oliveros (PP), indicaron que el Ministerio Público no realiza su trabajo positivo en favor del Perú, y señalaron que la propuesta va a permitir que estas unidades pueden operar activamente en todo el país.

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