El dictamen del proyecto de Ley N° 3161, que propone la creación de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, pasó a un cuarto intermedio con el fin de recoger aportes surgidos en el debate parlamentario.  

        Fue el primer tema que abordó el Pleno de la Representación Nacional, en la sesión conducida por el presidente Daniel Salaverry Villa, y que se inició con 64 parlamentarios.

       La encargada de sustentar el dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, fue su presidenta Rosa Bartra, quien dijo que para ello se tomó en cuenta las opiniones de la Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público, y los aportes de las mesas de trabajo con los representantes del sistema de justicia que impulsó el grupo parlamentario.

       “Responde a un trabajo en el que el Estado en general se ha sumado para elaborar este dictamen”, añadió.

       Bartra Barriga dijo que en ese compromiso por la mejora significativa de la administración de justicia, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ha sido concebida como un órgano con autonomía administrativa, funcional y económica, instalada dentro del Ministerio Público, pero dotada de la independencia necesaria a través de un jefe nombrado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) mediante concurso público de mérito por un periodo de cinco años.

        “Será el órgano que ejercerá el control funcional de todos los fiscales de todos los niveles y del personal en función fiscal en el MP, para lo cual contará con una oficina central con sede en Lima, oficinas en los distritos fiscales, así como módulos itinerantes con las condiciones internas y requerimientos para el ejercicio de sus competencias”, detalló

        Seguidamente, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Alberto Oliva, reiteró la postura de su grupo de trabajo de crear una Superintendencia Nacional de Integridad y Control del Sistema de Justicia, en lugar de autoridades nacionales tanto para el Poder judicial como para el Ministerio Público

    Agregó que su propuesta fue consultada con representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, Contraloría General de la República, Ministerio del Interior, entre otros.

            Los titulares de ambos grupos de trabajo aceptaron el pedido de cuarto intermedio para elaborar un texto sustitutorio consensuados.

 SEGUNDA VOTACIÓN

           Habiendo transcurrido el plazo respectivo establecido en el Reglamento del Congreso, se aprobó por unanimidad en segunda votación el dictamen de los proyectos de ley 3163 y 3467, que propone modificar la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referido a la transparencia en el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Academia de la Magistratura.

         Entre las obligaciones que dispone esa norma está la publicación de la hoja de vida del juez o del fiscal, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, así como la declaración jurada de intereses de los jueces, fiscales y, en general, de los miembros del sistema de justicia.

 Votaron a favor 71 congresistas.

     Seguidamente ingresó a debate para segunda votación el proyecto de ley que propone crear el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Sobre este tema y luego de un breve debate, la presidenta de la comisión, Rosa Bartra, pidió un cuarto intermedio para elaborar un texto que recoja los últimos aportes.

INSISTENCIAS

       La representación nacional aprobó por insistencia y amplía mayoría (77 votos) la autógrafa que ha sido observada por el presidente de la República, que propone declarar de interés nacional la creación de un plan de rescate financiero a los productores de la micro y pequeña empresa que han sido afectados por los desastres naturales del fenómeno El Niño Costero.

        Ello con el fin de establecer las condiciones de calificación crediticia aplicables a las personas naturales y jurídicas que mantiene deudas vencidas con las instituciones del sistema financiero del país.

Asimismo se considera dentro de los alcances de esta ley a los pequeños agricultores y pescadores artesanales también afectados por el FEN.

       Según el texto aprobado, sustentado por el presidente de la Comisión de Producción, Ángel Neyra (FP), el Poder Ejecutivo determinará con prioridad que la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones disponga que se evalúen y reconsideren los criterios y las condiciones de calificación financiera para las deudas pendientes de pago con Instituciones del sistema Financiero (IFI), reguladas por la SBS.

     “El Poder Ejecutivo no toma en cuenta la situación y las circunstancias por las que pasan los productores de las micro y pequeñas empresas afectados por los desastres naturales del FEN no son regulares, sino de emergencia. Por lo tanto, para la clasificación crediticia se debe tomar en cuenta los montos de los capitales y las inversiones que se perdieron como consecuencia de dicho fenómeno”, dijo el parlamentario al justificar el dictamen que recomienda la insistencia.

       Agregó que son aproximadamente diez mil mypes afectadas e impedidas de acceder a créditos bancarios y que para rescatarlas y financiar sus actividades productivas se requiere facilitarles créditos por más de 200 millones de soles.

      Puesto al voto, el dictamen obtuvo el respaldo de 77 parlamentarios y tuvo cuatro abstenciones, superando lo exigido por la Constitución y el Reglamento (más de la mitad del número legal de congresistas). No requiere de segunda votación.

EN CUARTO INTERMEDIO

     A pedido de la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Rosa Bartra (FP), el Pleno dejó en cuarto intermedio el texto sustitutorio del proyecto de Ley 3165, que propone crear el Sistema fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos y modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La decisión se tomó luego de no aprobarse el dictamen elaborado por el Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que solo obtuvo el respaldo de 24 congresistas, 35 en contra y 24 abstenciones.

Según el presidente de este grupo de trabajo, Alberto Oliva (PPK), su propuesta señala que el referido Sistema está compuesto por la Fiscalía Suprema Anticorrupción con competencia nacional y por las Fiscalías Superiores y Provinciales Especializadas en cada distrito fiscal del país.

Respecto a las funciones del Fiscal Supremo Anticorrupción, corresponde al Fiscal Supremo Anticorrupción dirigir el Sistema Fiscal Especializado en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos; dictar los lineamientos de las políticas necesarias para la implementación, organización y actuación de los Fiscales que integran el Sistema; proponer la conformación de las Fiscalías Superiores y Provinciales Corporativas, tanto en cada Distrito Fiscal, así como como en las Supra Distritales, con relación a /os mismos delitos; proponer a la Junta de Fiscales Supremos acuerdos tendientes a fijar o modificar la competencia de las fiscalías que integran dicho sistema, entre otros.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, opinó que las nuevas formas de criminalidad exigen que el sistema de justicia se adapte y mejore con la finalidad de mejorar el nivel y capacidad de investigación y procesamiento de delito, y que haga realidad la tan necesitada lucha contra la delincuencia.

“El delito de cuello blanco es un tipo de criminalidad menos imperceptible que el delito común, pero no por ello menos peligroso, pues lo notamos cuando ya se ha insertado a profundidad en la sociedad, como el caso Odebrecht”, dijo.

Agregó que es necesario que la reforma de MP dote a sus operadores de herramientas idóneas para llevar a cabo la tarea de investigar el delito complejo, es decir, aquel que ha sido realizado valiéndose de artimañas que dificultan su identificación.

“Esta reforma responde a una realidad innegable que es la difícil tarea de investigar delitos cuya realización es de difícil descubrimiento”, apuntó Bartra Barriga, antes de solicitar un cuarto intermedio para elaborar un texto sustitutorio.

De igual forma, pasó a un cuarto intermedio el dictamen del proyecto de Ley N° 3166, que propone crear el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.

Según el texto, este Consejo se crea con el fin de impulsar la reforma del sistema de justicia con miras a optimizarla; para lo cual podrá elaborar sus políticas, planes y acciones; realizar el seguimiento y la evaluación de los avances de los procesos; así como de reportar públicamente los resultados de las decisiones adoptadas o por adoptarse en el ámbito de la reforma del Sistema de Justicia.

PRENSA-CONGRESO