La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Lady Camones Soriano (APP), realizó en la fecha la audiencia de la denuncia constitucional presentada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra el exjuez supremo Aldo Martín Figueroa Navarro, por la presunta comisión de varios delitos.

El exmagistrado está denunciado por cohecho activo específico y tráfico de Influencias agravado, establecidos en el Código Penal que sanciona esos delitos con penas de 4 y ocho años de prisión, en el caso de funcionarios.

Actuó en representación del Ministerio Público, Elmer Ríos Luque, fiscal adjunto supremo, del área especializada de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales adscrito al despacho de la Fiscalía de la Nación.

Por su lado, Figueroa Navarro sostuvo no pertenecer a la organización criminal llamada “Cuellos Blancos del Puerto” y que su amistad con el exjuez César Hinostroza Pariachi, no lo convierten en sospechoso de pertenecer a esa red.

Figueroa Navarro pidió el archivamiento de la denuncia y refirió su amplia experiencia profesional y los casos en los que actuó en contra de mafias y organizaciones criminales, entre ellas, Fernando Zeballos, el cartel de Tijuana y la denominada “Gran Familia”.

“Nunca invoqué favorecimiento a una persona”, dijo en referencia a la acusación de que habría recomendado la contratación de la abogada Mónica Hoyos Vílchez como jefa supernumeraria, es decir, asumir la responsabilidad de titular provisional, mientras no se encuentren en función los titulares.

“Dónde, en qué momento y qué elemento probatorio tienen de que yo la haya recomendado y se me acuse ahora de tráfico de influencias y de cohecho”, preguntó.

El exmagistrado pidió que se le trate bajo el principio de igualdad ante la ley y “no como, en una coyuntura lamentable, en la que se le ha escogido como chivo expiatorio”.

Como se recuerda el pleno de la Junta Nacional de Justicia resolvió el 3 de febrero del 2021, por unanimidad, destituir a Figueroa Navarro de su cargo de juez supremo al considerar que incurrió en falta muy grave al haber supuestamente interferido en las funciones del expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, investigado por el caso “Cuellos Blancos del Puerto”.

CASO LILIANA LA ROSA

De otro lado, la subcomisión llevó a cabo la audiencia relacionada con la Denuncia Constitucional N.° C 024 (ex 326), presentada por la decana del Colegio Profesional de Enfermeros del Perú, Mónica Yanet Ríos Torres, en contra la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana del Carmen La Rosa Huertas, por la presunta Infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú.

Asimismo, por la presunta comisión de los delitos de colusión simple y agravada; negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo; tráfico de influencias; abuso de autoridad; usurpación de función pública; falsedad genérica, y usurpación, sancionados por el Código Penal.

Ambas partes fueron escuchadas y cada quien expuso sus motivos y razonamientos ante los miembros de la Subcomisión, cada una acompañadas de sus respectivos abogados.

Los congresistas Ernesto Bustamante Donayre (FP) y José Alberto Arriola Carreño (AP), coincidieron en señalar que las acusaciones presentadas por Ríos Torres no constituyen infracción a la Constitución y probablemente responden al estatuto de esa entidad profesional.

En ese sentido, indicaron que no corresponde a la subcomisión resolver las discrepancias internas entre las dirigencias de ese sector profesional.

El congresista José María Balcázar Zelada (PB), delegado del caso, pidió no adelantar opinión y esperar a analizar otros aspectos vinculados a delitos, como, colusión y tráfico de influencias, entre otros.

OFICINA DE COMUNICACIONES