Del 2011 a la fecha, la población penal en el país aumentó de 48,789 a 80 mil presos. Esta cifra presenta también un incremento importante de casos de tuberculosis, VIH y otras enfermedades agravadas por el excesivo hacinamiento.
Ante esta situación, se propuso el estado de emergencia penitenciaria, y la firma de convenios con el Ministerio de Salud, sostuvo la viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del MINJUS, Gisella Vignolo Huamaní, durante su presentación en la sesión de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad que preside la legisladora Gloria Montenegro (APP).
La funcionaria dijo también que se encuentran visitando los centros penitenciarios de manera inopinada para verificar -in situ- la situación de atención a las personas privadas de su libertad. Una atención preferente de dicho ministerio es también verificar el número y situación de las personas que además de estar presas presentan discapacidad, comentó.
La autoridad reconoció que en los 67 centros penitenciarios no se encuentran las condiciones de infraestructura necesarias para atender a los internos; y que se revisa y se toma en cuenta las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para determinar los alcances y beneficios de la declaratoria de emergencia.
Vignolo Huamaní dijo también que mientras se preparan las normas adecuadas, se está tomando decisiones como proponer que los presos extranjeros cumplan su condena en sus países de origen, y se estudia de manera especial la situación de aquellos pertenecientes a la tercera edad para disminuir la excesiva cantidad de reos con posibilidad de que cumplan penas con prisión domiciliaria o con grilletes electrónicos, medidas que también abonaría en la disminución de costos para el Estado.
El legislador Luis Yica García (FP) pidió tomar cartas en el asunto sobre la álgida situación del Penal El Milagro, en Trujillo, con capacidad para tres mil 350 internos. pero que alberga a cuatro mil 800.
El penal solo tiene dos médicos, no hay medicinas y existen 100 presos con tuberculosis, VIH y cáncer; además un 30% de los internos tienen sentencia y sólo hay dos defensores públicos. También 61 personas con discapacidad y 20 adultos mayores que no reciben atención de salud especial.
La congresista Estelita Bustos Espinoza (FP) explicó que en el penal Sarita Colonia, Callao, la situación de hacinamiento llega al extremo. La capacidad es de 545 y se tiene tres mil 300 presos. Ellos duermen en los pasadizos, haciendo y deshaciendo sus carpas, según explicó.
A su turno, la legisladora Gladis Andrade (FP), propuso que se contemple la posibilidad de implementar grilletes electrónicos para los agresores identificados en casos de violencia contra la mujer.
“La mujer no tiene por qué salir del domicilio conyugal porque además cuando ella sale a una casa de refugio lo hace con sus hijos y no hay capacidad para atenderlos”, dijo.
La presidenta de la comisión, Gloria Montenegro, expresó su preocupación por los niños, que se encuentran en las cárceles para mujeres junto a sus madres, así como las personas con discapacidad que purgan penas. Solicitó a la viceministra un protocolo especial para la atención eficaz en estos casos.
Clayton Galván (FP) sostuvo que existen denuncias de sobrevaluación en la construcción de nuevos centros penitenciarios y reclamó que el sector Justicia tome cartas en el asunto. Además, pidió impulsar políticas que permitan al mismo reo procurarse una ganancia económica vía la implementación de talleres laborales y un adecuado circuito de venta de lo que produzcan.
La viceministra, por su parte, detalló que las cifras recogidas por el INEI del Censo Penitenciario (76,180) no han sido corroboradas por falta de capacidad operativa y porque no se tienen clasificadores que permitan identificar esta condición.
Sin embargo, mediante la delegación de facultades con la declaratoria de emergencia penitenciaria, se impulsarán medidas para atender a la población vulnerable, como personas con discapacidad, niños que viven con sus madres, y adultos mayores, priorizando su atención en salud y educación, afirmó.(EPA)

PRENSA/CONGRESO
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