Congresistas de diversas bancadas rechazaron la corrupción y se unieron para hacer frente a este flagelo social que -según dijeron- ha perjudicado al Estado con una pérdida de diez mil millones de soles al año y ha generado desconfianza en la clase política por hechos corruptos durante los últimos gobiernos que pregonaban la “gran transformación”.

Así lo señalaron el miércoles 1, en la sesión de instalación de la Segunda Legislatura Ordinaría del Período Anual de Sesiones 2016-2017 que estuvo a cargo de la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes. Asistieron 104 legisladores.
El debate se inició con la sustentación del dictamen que reúne tres proyectos de ley (FA, PPK y AP) que propone la reforma del artículo 41 de la Constitución Política habilitando el establecimiento de la imprescriptibilidad de la acción penal en casos de delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. Se trata de un dictamen conjunto de las comisiones de Constitución y Reglamento.

En su intervención, el congresista Miguel Torres Morales (FP), presidente de la Comisión de Constitución, denunció que el Perú pierde 10 mil millones de soles anuales por delitos contra la administración pública, según cálculo de la Procuraduría.

“Con ese dinero de todos los peruanos se hubiera podido construir 70 hospitales, 400 colegios, 5 comisarías, mil 640 km. de carretera y además implementar más programas sociales a favor de la población en situación de pobreza”, dijo el legislador.

Por ello, dijo que es necesario la aprobación de este dictamen para que se castigue al corrupto y al corruptor que son los enemigos de quienes luchan por salir adelante. “No le roban al Estado, sino a todos los peruanos, remarcó Torres Morales. “Hoy no es un día cualquiera, es un día de decir ¡basta de corrupción! porque nosotros no transamos con la corrupción”, concluyó el parlamentario.

La primera vicepresidenta del Congreso, Rosa María Bartra (FP) recordó con cariño al tribuno de la República e ilustre paisano suyo José Faustino Sánchez Carrión quien hace dos siglos planteó declarar la muerte civil y el descrédito público al juez y al funcionario «que se atreviera a delinquir en el ejercicio de su función sobre todo cuando se trata de administrar justicia o de administrar los recursos públicos».

«Es decir, si a ello le sumamos la imprescriptibilidad de los delitos para preveer que efectivamente exista una sanción es que evoco con cariño y con profundo compromiso a  don José Faustino Sánchez Carrión. Empecemos desde el Parlamento a luchar contra ese cáncer de la corrupción», remarcó.

Por su parte, el congresista Salvador Heresi Chicoma (PPK), presidente de la Comisión de Justicia, dijo que la propuesta no sólo tiene un carácter legal sino también contenido ético que demostrar a la ciudadanía. 
Trajo a colación el caso Odebrecht que afecta a tres gobiernos. “La clase política tiene un descrédito. El día de hoy tiene que resarcirse y legitimarse y demostrar una posición a favor de la lucha contra la corrupción. El cargo público es una herramienta para servir y no para servirse”, enfatizó el legislador.

En su intervención, el congresista Marco Arana Zegarra (FA), dijo que aquí de lo que se trata es de unir esfuerzos de todas las bancadas y decirle a la ciudadanía que la corrupción tiene que ser combatida venga de donde venga.
Por su lado, el congresista Héctor Becerril Rodríguez (FP) saludó que se inicie la legislatura en concordancia con lo que la población pide y que el Parlamento esté en sintonía con la ciudadanía.

Con ello, coincidió el congresista Juan Sheput Moore (PPK) quien dijo que en este momento el Congreso está sintonizando con la opinión pública que reclama que luchemos contra la corrupción; en tanto que su colega de bancada Gilbert Violeta López (PPK) dijo que este debate enaltece al Congreso y al Ejecutivo, que presentó una iniciativa sobre la materia para castigar desde el presidente de la República hasta el último funcionario del país.

En otro momento, el congresista Edwin Donayre Gotzch (APP) opinó que la propuesta requiere ser complementada con medidas más agresivas para evitar, por ejemplo, que el dinero obtenido ilícitamente se utilice en campañas políticas. (RMD) 

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