Con el fin de unificar criterios y se inicie un trabajo conjunto y coordinado entre los responsables de las entidades que tienen relación directa en la lucha contra la criminalidad, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, convocó a una primera mesa de trabajo en el Palacio Legislativo denominada Seguridad ciudadana en el sector transporte.

La cita, inédita en su conformación hasta la fecha, contó con la presencia de cuatro ministros de Estado, las titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público, los jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor de la Policía Nacional Perú (PNP), directivos de entidades adscritas, y representantes de los gremios de transportistas.

Al finalizar la mesa técnica, se suscribió un acta en el que se incluyen algunos acuerdos mínimos y sustanciales.

Primero, ratificar la voluntad de todos los participantes para trabajar unidos contra la criminalidad y garantizar la seguridad de todos los peruanos estableciendo mecanismos de coordinación permanente.

Segundo, resaltar el llamado de todos los poderes del Estado, entidades públicas y privadas, así como de los representantes del gobierno, transportista participantes, a fin de establecer un trabajo coordinado y conjunto. Esta mesa de trabajo se reunirá en un plazo máximo de 30 días en el Congreso de la República para evaluar el cumplimiento de compromisos y tareas asumidas.

El acta también incluyó algunos compromisos:

Uno, elaboración de un plan de articulación interinstitucional del Ministerio del Interior con el Ministerio Público, Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario, que permita realizar acciones coordinadas para luchar contra la delincuencia y la criminalidad.

Dos, reforzar los operativos conjuntos entre la Autoridad de Transporte Urbano y la Policía Nacional, en coordinación con los gobiernos locales y los representantes de los gremios del sector transportes para hacer frente a los casos de extorsión y otros delitos.

Tres, implementación de las leyes aprobadas por el Congreso de la República, principalmente en lo que atañe a la Policía Nacional a fin de que se le dote de los instrumentos necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones. Adquisición de vehículos, armas, sistemas de comunicación, drones e implementación de comisarías, etc.

Cuarto, implementar la ley que aprueba las denuncias digitales en caso de delitos contra el patrimonio que permitirá identificar zonas críticas que permita combatir la extorsión en el sector transportes.

Quinto, encargar al Ministerio de Defensa una propuesta que permita la intervención de las Fuerzas Armadas en zonas críticas de alta frecuencia delictiva, y declaradas en emergencia, en respaldo de las acciones de la Policía Nacional del Perú.

Sexto, reforzar la presencia policial en el sistema integrado de transportes de la Policía en el sistema integrado de transportes, estaciones del Metropolitano y corredores complementarios, así como estaciones de ruta, terminales, entre otros; especialmente en los puntos de alta incidencia delictiva.

Siete, mejorar los sistemas de videovigilancia y priorizar su interconexión entre actores públicos, autoridades del gobierno nacional y subnacional y privado, empresas de transportes, gremios, con acceso en tiempo real para que las fuerzas del orden puedan ejecutar acciones inmediatas en caso de ataques a las unidades de transportes.

Octavo, implementar y fortalecer el sistema de inteligencia y vigilancia de los corredores logísticos, para las unidades de carga; implementar el ciber patrullaje en la Carretera Central, en el puerto del Callao y las salidas para norte y sur. Uso de drones, sistema de videovigilancia interconectados.

Noveno, evaluar la posibilidad de implementar un botón de pánico en las unidades de transportes, garantizando que la Policía cuente con la infraestructura digital y personal para la atención de los pedidos de auxilio.

Décimo, el Congreso se compromete a incorporar en el proyecto de ley que crea las unidades de flagrancia la ampliación del plazo de detención preliminar a quinces días en los casos de delitos cometidos por organización criminal, extorsión y sicariato.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, agradeció la atención a esta convocatoria e informó que durante la visita realizada, en la víspera, por los representantes de los gremios de transportes, estos le solicitaron que deseaban un trabajo unitario, y que (las diversas entidades del Estado) “traten de superar sus diferencias mediante el diálogo”.

“Es una llamada de atención correcta que asumo con humildad”, señaló el titular del Parlamento. “Hacemos el mea culpa directamente desde el Congreso, dentro de lo que nos corresponde y, obviamente, nos comprometemos a tener una labor mucho más fluida con las demás autoridades”, manifestó.

“Vivimos una situación delicada que no es exclusiva de este gremio, sino que también la sufren los bodegueros, los salones de belleza, las panaderías, los colegios, y hasta las ollas populares. Se trata de un problema que ha crecido en los últimos años, y es hora de que las instituciones representativas demos una respuesta unitaria”, enfatizó Salhuana Cavides.

“El Congreso debe escuchar siempre a la ciudadanía, sostuvo. Más aún en la situación en que estamos”.

Acompañaron a Salhuana Cavides el segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón Rojas; y los congresistas Héctor Valer Pinto (SP), Roberto Sánchez Palomino (JP-VP), Víctor Cutipa Ccama (JP-VP), Wilson Quispe Mamani (JP-VP), Jaime Quito Sarmiento (BS), Heidy Juárez Calle (PP), Jorge Marticorena Mendoza (APP), Flavio Cruz Mamani (PL) y Alex Paredes Gonzales (BMCN).

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL