El Poder Ejecutivo no ha cumplido -hasta el 18 de mayo- con reglamentar 12 leyes dentro del plazo legal, por lo que estas disposiciones normativas -aprobadas multipartidariamente en el Congreso porque están orientadas a resolver determinados problemas sociales- no pueden aplicarse.

Así tenemos que la Ley 31318, que regula el saneamiento físico-legal de los bienes inmuebles del sector Educación destinados a instituciones educativas públicas, no cuenta con su reglamento. El 17 de setiembre del año pasado se venció el plazo para publicar el correspondiente reglamento.

La Ley 31324, que fortalece la seguridad ciudadana a través de la entrega de armas de fuego ilegales o irregulares y de municiones, también carece de reglamento a pesar que el Ministerio del Interior tuvo un plazo de treinta días calendarios para elaborar y publicar el procedimiento a seguir para recuperar miles de armas de fuego que podrían caer en manos de la delincuencia común. El plazo se venció el 4 de setiembre del año pasado.

El Congreso atendió un reclamo ciudadano: que los trabajadores tengan el derecho a licencia de hasta cuatro horas con goce de haber para que puedan vacunarse contra el COVID-19, en plena tercera ola de contagio, y por ello se promulgó la Ley 31334. Sin embargo, los treinta días de plazo para que se dicte el reglamento se venció el pasado 20 de setiembre del 2021.

La Ley 31335, que busca perfeccionar la asociatividad de los pequeños productores en cooperativas agrarias, a efectos que puedan dinamizar ese mercado tan competitivo, tampoco tiene reglamento desde el 9 de octubre pasado, porque los ministerios de Desarrollo Agrario y de Economía y Finanzas no aprobaron su regulación dentro del plazo legal.

Otra norma legal que aprobó mayoritariamente el Parlamento fue la Ley 31339, para promover la industrialización del agro, y así mejorar la productividad y el aumento del empleo formal. Sin embargo, los ministerios de Economía y Finanzas y de Desarrollo Agrario incumplieron con el plazo de 90 días para reglamentarlo.

En esa misma fecha, 11 de noviembre, venció el plazo para que el Poder Ejecutivo apruebe el reglamento de la Ley 31342, que establece la condición militar de los oficiales profesionales de reserva de las Fuerzas Armadas, con el propósito de fortalecer la vinculación de la población con los institutos armados en la defensa nacional y el desarrollo del país.

La Ley 31343, que crea la Zona Franca en la región Cajamarca, que fue impulsado y aprobado por unanimidad por el Congreso para fortalecer el dinamismo económico entre la zona norte de nuestro país con Ecuador, tampoco tiene reglamento desde el 13 de setiembre pasado.

Los miles de canillitas es otro sector social que está afectado por la falta de reglamentación de una ley. Se trata de la Ley 31344, que reconoce y regula las actividades de los expendedores de diarios, revistas y billetes de loterías en los espacios públicos, pero que no rige porque el pasado 16 de octubre se venció el plazo para que se dicte su reglamento.

La Representación Nacional se abocó a debatir y votar una ley para enriquecer el arroz en el Perú, con la finalidad de disminuir la desnutrición infantil, y fue así que se promulgó la Ley 31348, pero el Ministerio de Salud no cumplió con el plazo de treinta días para reglamentarlo, el mismo que se venció el 17 de setiembre del año pasado.

En lo que va del presente año, se ha repetido esta misma omisión en que incurre el Poder Ejecutivo en la reglamentación de importantes leyes.

Es así que la Ley 31362, que permite la oportuna provisión de liquidez (capital de trabajo) a miles de micro y pequeñas empresas (mypes) con el pago oportuno de facturas, tampoco tiene reglamento, porque el plazo se venció el pasado 8 de abril.

Dos días antes, el 6 de abril pasado, se venció el plazo para que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego dicte el reglamento de la Ley 31368, que regula el servicio de extensión agropecuaria, y que constituye una herramienta legal muy importante para el incremento de las capacidades de los productores agrarios, vía la facilitación del uso de la tecnología.

La última norma legal que tampoco puede aplicarse es la Ley 31410, que crea el Servicio Civil de Graduandos para el Sector Agrario, orientada a impulsar la participación de los estudiantes y egresados en la actividad agraria. Resulta que los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, de Educación y de Trabajo no cumplieron con el plazo de sesenta días para aprobar el reglamento.

POR VENCER

Cabe indicar que en junio próximo vencerá el plazo para que se reglamente tres normas más aprobadas por el Parlamento Nacional. Se tratan de la Ley 31431, Ley que incorpora al profesional odontólogo en la comunidad educativa; y de la Ley 31455, Ley que modifica el artículo 31 de la Ley 30220, Ley universitaria las secciones de facultad o escuela profesionales en el régimen académico de las universidades públicas licenciadas.

Además, la Ley 31458, Ley que reconoce las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento.

OFICINA DE COMUNICACIONES