La propuesta legislativa que destina al Ministerio Público los recursos generados de la licitación de bienes incautados por ilícitos penales derivados del crimen organizado se encuentra, para su debate, en la agenda del Pleno del Congreso.

Se trata del dictamen recaído en el PL 3577, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que propone la ley que modifica el Decreto Legislativo 1373, Ley sobre extinción de dominio, a fin de precisar la definición de actividad ilícita e incorporar facultades al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

Para tal efecto, se propone la incorporación de un párrafo en la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.° 1373 a fin de que sea el Ministerio Público beneficiaria de los ingresos que genera la licitación de bienes incautados por ilícitos penales derivados del crimen organizado, propuesta que se sustenta en la mala administración que se viene dando a los bienes por parte del Programa Nacional de Bienes Incautados— PRONABI.

También señala que “el titular del Pliego del Ministerio Público destinará los recursos antes descritos, exclusivamente para la continuidad de la lucha contra los delitos involucrados en el artículo I del Título Preliminar del presente Decreto Legislativo, autorizándose para que realice las transferencias necesarias a los sectores involucrados con dicha finalidad».

Esos delitos son: contra la administración pública, contra el medioambiente, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras con capacidad de generar dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito o actividades vinculadas a la criminalidad organizada.

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