Cuatro juristas expertos coincidieron en que el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre la empresa Odebrecht y el Estado peruano perjudicó los intereses de la Nación y responsables de ello son el Ministerio Público, los procuradores y los jueces que actuaron en el caso.

En efecto, los abogados Wilber Medina Bárcena, Mario Amoretti Pachas Julio Rodríguez Delgado y Katherine Milagros Ampuero Meza se manifestaron en abierto cuestionamiento a los operadores que actuaron en la suscripción de dicho acuerdo. Esto lo indicaron ante la Comisión investigadora multipartidaria que se encarga de investigar los actos vinculados a la negociación, celebración, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Estado peruano y la empresa constructora Norberto Odebrecht – sucursal Perú y los efectos lesivos que dicho acuerdo haya generado en desmedro de los derechos e intereses del Estado peruano, que preside el congresista Alejandro Muñante (RP).

El motivo de la convocatoria, en la novena sesión ordinaria, fue para realizar un análisis jurídico y de valoración objetiva de los hechos relacionados con el acuerdo de colaboración eficaz suscrito por la empresa constructora Norberto Odebrecht.

Al respecto, el abogado Wilber Medina Bárcena se manifestó indignado porque los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez se negaron a entregarle el acuerdo firmado y tuvo que conseguirlo a través de una disposición del Tribunal Constitucional. El jurista cuestionó que representantes de tres instancias, el Ministerio Público, la Procuraduría y el Poder Judicial no cumplieron su rol de obligar a la cuestionada empresa brasileña a allanarse totalmente al acuerdo de colaboración; y que no es verdad que exista un acuerdo progresivo, o avance en tramos.

“Eso es un invento de Pérez y Vela para garantizarle impunidad a Odebrecht”, expresó al tiempo de sindicar también responsabilidad a la juez María de los Ángeles Álvarez Camacho, quien no debió homologar o validar el acuerdo en base a lo pactado por la fiscalía.

Refirió que, ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht declaró que en Perú pagó 29 millones de dólares para recibir un beneficio de 143 millones de dólares. “Eso no es verdad y como fiscal hubiera pedido anular ese acuerdo”, anotó.

Agregó que otras omisiones y concesiones importantes, en el acuerdo de colaboración eficaz, fue no incorporar el caso del Proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP), el Proyecto Vías Nuevas de Lima (Rutas de Lima); y firmar más beneficios para Odebrecht el 14 de diciembre del 2022 concediéndole más beneficios.

Consideró como traición a la patria que se haya establecido, en el punto 12.3 del acuerdo, que el Ministerio Público se obligue a “no iniciar acciones legales contra las personas jurídicas o legales”; pero no estableció una cláusula 12.4 en la que “la empresa colaboradora renuncie a iniciar acciones legales contra el Estado peruano”.

Por su lado, Mario Amoretti Pachas, se sumó a lo expuesto por Medina Bárcena y considero vergonzoso el pacto suscrito con Odebrecht y que se deben hacer los esfuerzos por que se reabra la investigación y que el contrato de concesión sea declaro nulo.

“No podemos permitir ser presionados y seguir solventando los gastos en beneficios ilícitos a favor de Brookfield Asset Management hasta el 2047. Esto es una vergüenza y quienes no hicieron nada, jueces y fiscales, deben asumir su responsabilidad”, expresó al tiempo de indicar que existen dispositivos legales que pueden lograrlo, porque los acuerdos firmados son ilícitos e ilegales.

En tanto, el jurista Julio Rodríguez Delgado consideró el acuerdo no solo nació corrupto, sino también contaminado, pues no actuó con veracidad y que, cuando el Ministerio Público se dio cuenta de ello, no debió avanzar en el proceso de la colaboración porque se traicionó el principio de confianza.

“Estamos conociendo que no hubo cuatro hechos, sino once que no están incluidos en el acuerdo. Estamos ante un hecho desnaturalizado en el que la empresa corrupta sometió al Ministerio Público, lo que es inadmisible en un Estado de derecho”, anotó.

Finalmente, la exprocuradora Katherine Milagros Ampuero Meza llamó la atención de la inexistencia de un marco jurídico que autorice la suscripción del acuerdo, y compromisos de beneficios a futuro.

Frente a la aparición de nuevos hechos, dijo que la fiscalía tenía las prerrogativas para tratar esos delitos fuera del acuerdo como fue los casos del gaseoducto y Rutas de Lima.

Coincidió con los anteriores expositores en que existen cláusulas que desnaturalizan el acuerdo de colaboración eficaz y que hacen que se beneficie la empresa.

Sostuvo que el Perú ha sido el segundo país, después de Brasil, el más perjudicado por la empresa brasileña. “Ni siquiera hemos llegado al 10 por ciento de todo el daño que se ha ocasionado. Escucho con sorpresa a la exprocuradora Silvana Carrión jactarse de haber recuperado 310 millones de soles, pero se le ha devuelto a una empresa corrupta 524 millones de soles que estaban retenidos para el pago de reparación civil”, afirmo, sin contar con lo que el país tiene que pagar por las demanda que ha hecho la empresa por más de 2 700 millones de dólares.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL