Con el fin de conocer los detalles, avances y compromisos asumidos por la compañía Southern Copper en relación a la ejecución del proyecto minero Tía María, representantes de la empresa acudieron al Congreso de la República a solicitud de la parlamentaria Úrsula Letona (FP), cita en la que participó el primer vicepresidente del Congreso Mario Mantilla Medina (FP). 

La legisladora de Fuerza Popular mostró su preocupación por el desarrollo del proyecto y el posible impacto que tendría en el ambiente y las actividades agrícola y ganadera. «Nuestra disposición es a colaborar para evitar conflictos sociales, teniendo claro que no se vea afectada la población», remarcó. 

Asimismo, señaló la importancia de aplicar nuevos mecanismos de reinversión. «Se deben impulsar modelos de redistribución de recursos en porcentajes que sean percibidos por la población». 

En tanto, el primer vicepresidente del Congreso Mario Mantilla (FP) afirmó que no se busca poner trabas a los proyectos mineros. «El progreso es fundamental. Sin embargo, se deben plantear alternativas para superar la oposición de la población corrigiendo aspectos negativos». 

El congresista propuso un mayor trabajo de responsabilidad social por parte de la compañía, invirtiendo en la financiación para la construcción de servicios básicos para la sociedad, tales como en salud y educación. 

Al respecto, el vicepresidente de Southern Cooper, Raúl Jacob Ruisánchez, informó que Tía María generará por impuestos y regalías 273.4 millones de soles en ingresos para Arequipa. Para el gobierno nacional representará 215.6 millones de soles en impuesto a la renta. 

Además, indicó que el nuevo estudio de impacto ambiental subsanó las observaciones realizadas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos- UNOPS. Explicó que el proyecto minero se ejecutará a 7 kilómetros del Valle del Tambo y no empleará el agua superficial ni subterránea de la zona, pues se usará una planta de agua de desalinización. El ruido y las vibraciones no serán sentidos más allá de un radio de 500 metros y se construirán estructuras para controlar el polvo, agregó. 

El mencionado proyecto minero afronta desde hace varios años serios cuestionamientos por parte de la población arequipeña. Denuncian que trabajos provocarán daños ambientales que perjudicarán directamente al sector agrícola de la provincia de Islay. (WHS)

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PRENSA-CONGRESO   11-5-18

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