Con el objetivo de dar a conocer y debatir las propuestas de los proyectos de ley 792/2016 y 872/2016, que proponen modificar, principalmente, el Código Civil y asegurar el pleno ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, la Comisión de Inclusión Social desarrolló una mesa de trabajo en busca de establecer los derechos jurídicos de aquellas personas.

El proyecto de Ley 792/2016-CR, de iniciativa de la congresista Gloria Montenegro Figueroa (APP), presidenta de esa comisión, propone modificar diversos artículos del Decreto Legislativo 295, referidos a la capacidad jurídica de la persona con discapacidad.

Respecto al proyecto de Ley 872/2016-CR y de iniciativa multipartidaria, plantea también modificar diversos artículos del Decreto Legislativo 295 (Código Civil). La iniciativa propone cambiar también el Código Procesal Civil, la Ley del Notariado y el Código del Niño y del Adolescente.

Montenegro indicó que ambas propuestas buscan levantar las observaciones formuladas por el comité de expertos en discapacidad de las Naciones Unidas, con la finalidad de que el Código Civil peruano vigente se encuentre en concordancia con lo que dispone el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad.

Por su parte, el congresista Alberto De Belaunde (coordinador del Grupo de trabajo sobre reforma del Código Civil) felicitó el interés, la preocupación y el trabajo en equipo que viene desarrollando la congresista Montenegro en beneficio absoluto de las personas con discapacidad.

”Tenemos el apoyo de cuatro bancadas y vemos lo importante que es generar consensos para ayudar a las personas con discapacidad en la defensa de su capacidad jurídica. Es muy gratificante, pues reconoce el trabajo comprometido de nuestros colegas parlamentarios”, afirmó De Belaunde.

Cabe indicar que el artículo 12 de la Convención, como todo el articulado, se basa en una nueva visión para las personas con discapacidad entendida desde un enfoque social y de derechos.

“Según esta nueva visión, las desventajas que presentan las personas con discapacidad no se debe únicamente a deficiencias físicas, sensoriales o mentales, sino que se debe en gran parte a la existencia y creación de barreras físicas y culturales que los excluyen de la posibilidad de tomar sus propias decisiones”, señaló la legisladora Montenegro.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 12 de la Convención, todas las personas con discapacidad, en general, tienen pleno derecho al reconocimiento de su capacidad jurídica y, en consecuencia, a tomar sus propias decisiones, de manera voluntaria e informada, basadas en sus gustos y preferencias.

“Se trata de proteger a solo un grupo de personas con discapacidad (principalmente con deficiencia intelectual y psicosocial), para que no sufran los abusos que se vienen presentando“, manifestó la congresista.

En la sesión de hoy martes los presentes coincidieron en eliminar la interdicción, que refiere que las personas con discapacidad no podrán votar, firmar contratos ni contraer matrimonio, acceder a programas sociales, el mismo que fue anunciado por el expresidente Ollanta Humala.

En sus palabras de clausura, la parlamentaria Montenegro instó a los asesores de ambas comisiones (Inclusión Social y de Justicia) a hacer una sola propuesta consensuada en beneficio de las personas con discapacidad, dotándolas de la capacidad jurídica que por derecho les corresponde.

También participaron de la reunión la congresista Estelita Bustos (FP), especialistas de CONADIS, Sociedad Peruana de Síndrome de Down, Sociedad de Discapacidad SODIS, Centro de Promoción de Salud Mental ALAMO, Defensoría del Pueblo, entre otros. (MRM).

PRENSA CONGRESO