Parlamentarios de diversas bancadas coincidieron al demandar que se considere mayores recursos para financiar obras públicas al interior del país, principalmente en infraestructura y equipamiento de hospitales e instituciones educativas, cuyos sectores fueron afectados por la emergencia sanitaria a consecuencia de la COVID-19.

Además, concordaron en calificar como centralista el presupuesto proyectado por el Poder Ejecutivo para cubrir las demandas sociales durante el 2021.

Así lo hicieron saber el viernes 27 en la sesión virtual del Pleno del Congreso en la segunda jornada de debate de las leyes de presupuestales más importantes para la economía nacional, que contó con la participación de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y el ministro de Economía, Waldo Mendoza.

Durante el debate, la congresista Felicita Tocto Guerrero (DD) dijo que la provincia de San Ignacio, en Cajamarca, es una de las más olvidadas, porque no ha recibido los recursos para atender las necesidades de su población.

“Tenemos un colegio en el centro poblado de Cesara, donde los alumnos estudian en condiciones deplorables, un colegio que opera desde hace diez años y que se encuentra en estado de emergencia, que hasta hoy no ha sido atendido”, sostuvo la legisladora.

Enseguida pidió apoyo económico para mejorar la infraestructura de hospitales y colegios en la región Cajamarca. “No todo es Lima, es momento de mirar al interior del país. Las regiones también tienen necesidades y es momento de darles atención, porque de ahí también vienen las recaudaciones a través de nuestros impuestos y también nos merecemos vivir en mejores condiciones de vida”, agregó Tocto.

A su turno, el congresista Walter Benavides Gavidia (APP) dijo que estando “ad portas” de cumplir 200 años como república es necesario que el Gobierno afronte retos que implican acciones a desarrollar principalmente en salud y educación.

“La educación es fundamental para el desarrollo del país. Es momento de elevar los niveles de educación, involucrando a los padres en la enseñanza y mejorando la infraestructura educativa, así como la habilitación de los servicios de internet”, señaló.

Con respecto al sector turismo, pidió prestarle atención y decláralo en emergencia. “Para el sector turismo este año se le asignó 0,3 %  y para el próximo año se contempla 0, 2% y a ello se suma la falta de conectividad. Por tanto, debemos declarar en emergencia el sector turismo, no podemos dar la espalda a los porteadores, a los artesanos que se han visto afectado por la cuarentena”, refirió.

Congresista Bajonero

En tanto, el congresista Wilmer Bajorero Olivas manifestó su preocupación por Huánuco, región a la que representa, que cuenta con 11 provincias y 77 distritos y, según dijo, es una de las regiones más olvidadas del país

Señaló que es necesario prestar atención para frenar la migración a la capital. “¿Qué excusas darán sus alcaldes al no ser incluidos en distribución presupuestal?”, preguntó el legislador al Ejecutivo.

“Este presupuesto sigue siendo centralista y de espaldas a las regiones, provincias, distritos y centros poblados. Pareciera que los pobladores del interior y de las zonas altoandinas son ciudadanos de segunda clase. Lima no es todo el Perú, señores ministros”, dijo por su parte el congresista Alfredo Benites Agurto (Frepap), al tiempo de solicitar apoyo a las obras de mejoramiento de los servicios de la Institución Educativa 20522 en Supe en Barranca, y sobre el mejoramiento del centro de salud de Oyón que requiere una partida de 50 millones de soles, entre otros.

La legisladora María Silupú Inga (FP) pidió atención al Hospital de Apoyo II de Sullana en Piura. “Mi provincia fue una de las más afectadas por COVID-19 en la región. Las autoridades del hospital piden que se considere una demanda adicional de 4 millones 800 mil soles para equipos y pagos para el personal CAS y que se cumpla con pagar el bono COVID-19 a todo el personal de salud involucrado”, dijo.

También pidió el mejoramiento del sistema de riego del distrito de Marcavelica, en la provincia de Sullana; así como la mejora del servicio educativo del Colegio Miguel Grau en el centro poblado Porvenir, distrito de Querecotillo, provincia de Sullana, entre otros.

Por su parte, el congresista Carlos Almerí Veramendi (PP) detalló que el presupuesto público 2021 -elaborado por el Poder Ejecutivo-  se ha distribuido de la siguiente forma: 129 044 millones, equivalente al 71 %, al gobierno nacional; 33 093 millones, equivalente al 18 %, para los gobiernos  regionales, y 20 893 millones para los gobiernos locales.

“Esto revela -una vez más- que todavía tenemos una cultura política centralista. No olvidemos que el proceso de descentralización que fue una lucha de décadas por parte de las regiones que clamaban que desde Lima no se siga manteniendo tanto en el poder político como en el económico, pero lamentablemente todavía es una realidad”, sostuvo.

A su turno, el congresista Javier Mendoza Marquina (PP) preguntó a los representantes del Poder Ejecutivo, presentes en el hemiciclo, dar a conocer cuánto se está destinando a gastos de publicidad del Estado y consultorías, porque –dijo- esos recursos deben de ser destinados a los gobiernos locales para que pueda llegarles el anhelado desarrollo.

“Veo con mucha pena que este presupuesto sigue siendo centralista, cuando donde más se requiere recursos es para  nuestro pueblo, en los centros poblados, en los distritos y que tengamos que darles para ellos solo el 11 %. ¡Seguimos siendo históricamente centralistas!”, refirió.

Congresista Moisés González Cruz

En esa misma línea se pronunció el legislador Moisés Gonzales Cruz (NoA), quien expresó su preocupación por el sector agricultura y en particular por la agricultura familiar, que-según dijo- son dejados a su suerte y no se les incluye como un sector de prioritario que abasteció la canasta familiar durante la cuarentena y el aislamiento social. También pidió atención a la Longitudinal de la Sierra y a los hospitales en Cutervo, San Ignacio, Chota y Celendín.

“Bajemos el presupuesto de los medios de comunicación, que tanto daño le hacen al país y que juegan con la conciencia de la gente en búsqueda de sus intereses, y bajemos también el presupuesto de las consultorías”, dijo.

A su turno, la congresista Carolina Lizarraga (PM) recomendó reducir los gastos públicos en publicidad, gorros y camisas y usar esos recursos para las necesidades de la población, en particular para el sector educación. Por otro lado, pidió atención en los funcionarios que manejan los fondos públicos.

“De nada servirá un presupuesto bien distribuido si es que tenemos malos funcionarios y autoridades que direccionan procesos de contratación o contratan amigos sin tener en cuenta la meritocracia. Sugiero dotar más recursos a aquellos actores que procuran que se respete el principio de legalidad en la ejecución del presupuesto público a la Contraloría, al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Defensoría del Pueblo”, dijo.

El congresista Edgar Alarcón Tejada (UPP) sostuvo que el presupuesto sigue siendo injusto para el Perú profundo, 70 % para el gobierno central, y 30 % para las regiones y gobiernos locales, que han tenido que enfrentar la pandemia y la crisis económica con los pocos recursos que siempre se les han dado.

Finalmente, pidió conocer cuál es la situación actual de la caja fiscal y cuál es la proyección al cierre del 2020.

“Me extraña mucho que el presidente Sagasti -conociéndolo y conociendo su capacidad profesional- no explique al país cuál es la situación económica financiera que ha encontrado. Que indique cuáles son los resultados después de la nefasta distribución del presupuesto en el gobierno de Vizcarra, que solo ha significado un despilfarro para favorecer a empresas quebradas, empresas de amigos y transnacionales a través del fallido programa Reactiva Perú, contratando además millonarias consultorías olvidándose de la real necesidad, el pueblo de las mypes”, dijo Alarcón.

Lima,  27 de noviembre de 2020

PRENSA-CONGRESO