El Consejo Directivo del Congreso aprobó esta tarde las fechas de debate y votación, en el Pleno de la representación nacional, de cinco informes finales de denuncias constitucionales presentadas contra diversas autoridades.

Fue en la sesión de ese órgano parlamentario que fue conducido por el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro.

Los referidos informes finales serán debatidos durante una hora, tiempo que será distribuido de forma proporcional entre los grupos parlamentarios

LAS FECHAS
El jueves 11 de setiembre, a las 10: 00 horas, el Pleno debatirá y votará el informe final de la Denuncia Constitucional 335 en contra de la exparlamentaria Betssy Chávez Chino.

El documento concluye acusar a la también exministra de Trabajo y Promoción del Empleo y exministra de Cultura, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Además, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado (artículo 400 del Código Penal).

Del mismo modo, en esa fecha, a las 11:00 horas, el Pleno debatirá el informe final de la Denuncia Constitucional 469 en contra de Jorge Luis Salas Arenas, en su condición de juez penal supremo de la Corte Suprema de Justicia.

El documento concluye en que Salas Arenas es presunto instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido el cargo.

También, a las 12:00 horas, se debatirá y votará el informe final de las denuncias constitucionales 395 y 406 (acumuladas) contra el exministro de Trabajo, Luis Alfonso Adrianzén Ojeda.

Se concluye acusarlo en el extremo de presunto autor de la comisión del delito contra la administración pública- negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado.

Asimismo, el jueves 4 de septiembre, a las 10:00 horas, se debatirá y votará el informe final de la Denuncia Constitucional 280 en contra de Geiner Alvarado López, en su condición de exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

A él se le acusa por la presunta infracción del artículo 39 de la Constitución, por refrendar el Decreto de Urgencia 102-2021. Además, se propone que se le imponga la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública.

Ese mismo día, a las 12:00 horas, el Pleno debatirá y votará el informe final de la Denuncia Constitucional 442 contra el exministro de la Producción, Jorge Luis Prado Palomino

El documento concluye en acusarlo por ser presunto instigador del delito contra la administración pública- negociación incompatible, ilícito previsto en el artículo 399 del Código Penal, en agravio del Estado.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL