El Pleno del Congreso aprobó la resolución legislativa que declara haber lugar a la formación de causa penal contra la parlamentaria María del Pilar Cordero Jon Tay, por ser presunta autora del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión en agravio del Estado.

La decisión se adoptó por 55 votos a favor, 10 en contra y 13 abstenciones.

“El expediente de la acusación constitucional será enviado a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones y lo que dispone la Constitución Política del Perú”, señaló el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, quien condujo, en ese momento, la sesión plenaria.

Del mismo modo, con 53 votos a favor, 8 en contra y 21 abstenciones, se aprobó la suspensión de la legisladora en el ejercicio de sus funciones y deberes funciones “en tanto dure el proceso penal”.

“En consecuencia, se comunicará el presente acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones con el fin que se emita la credencial correspondiente al accesitario expedito para ser incorporado al Congreso de la Repúblico”, destacó Alegría.

Las decisiones se dieron luego de aprobar los pedidos de reconsideración de la votación, realizada en horas de la mañana, que archivaba el informe final presentado contra de Cordero Jon Tay, presentados por las legisladoras Norma Yarrow (AP) y Susel Paredes (CD-JPP). Votaron a favor 72 congresistas, 16 en contra y 14 se abstuvieron.

Cabe destacar que en esta votación no participaron los 30 congresistas de la Comisión Permanente del Congreso, según indica el Reglamento del Poder Legislativo.

EL CASO Y DESCARGOS

La parlamentaria fue acusada de realizar el cobro irregular del sueldo a un trabajador de la Comisión Especial del Proyecto Binacional Puyango – Tumbes, grupo legislativo que presidía. Por ello, fue denunciada por el presunto delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal, así como de las presuntas infracciones constitucionales de los artículos 1; 2 incisos 15; 22; 23; 38 y 45 de la Carta Magna.

La sustentación del informe fue realizada por la congresista Susel Paredes Pique (CD-JPP), quien indicó que la parlamentaria denunciada habría obligado e inducido a su trabajador al recorte de hasta el 70 % de su sueldo mensual, durante el 7 de enero del 2022 al 23 de enero del 2023. Este cobro irregular lo habría realizado en complicidad del extrabajador del Legislativo Braden Alexander Paredes.

En la sesión, se presentó la parlamentaria Cordero Jon Tay, quien brindó sus descargos y dijo que se vio obligada a incumplir su descanso médico debido a que buscan suspenderla, pese a que ya fue sancionada por 120 días por los mismos hechos.

“Se me está vulnerando mis derechos fundamentales y el debido proceso. Yo represento a una región elegida democráticamente, pero también soy hija, hermana y familia que sufre conmigo por todo este proceso. A pesar de todo eso, me hago presente y pido a mis colegas un voto de conciencia”, alegó la parlamentaria.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL