Por unanimidad (96 votos), el Pleno del Congreso aprobó la insistencia de la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, que propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional el saneamiento físico-legal y la titulación de los predios que ocupan los centros poblados, asentamientos humanos y otros terceros del distrito de Alto Larán, en la provincia de Chincha, departamento de Ica.

El acuerdo fue tomado en la sesión del Pleno del Congreso que se realizó el viernes 9, conducida por el segundo vicepresidente del Parlamento Nacional, Luis Roel Alva.

El congresista Juan Carlos Oyola Rodríguez (AP), presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción, señaló que “los fundamentos legales que esgrime el Poder Ejecutivo en sus observaciones son totalmente deleznables”.

Señaló que el Ejecutivo sostiene que se está atentando contra el derecho de propiedad de la empresa pública Sima Perú S.A. al declarar de necesidad pública e interés nacional el saneamiento físico-legal y la titulación de las posesiones que ocupan los pobladores humildes del distrito de Alto Larán dentro del predio de 217 hectáreas, y que el Sima reclama, ya que ocupa casi todo el territorio del mencionado distrito.

“Esto es rotundamente falso, pues todo lo que dispone la autógrafa de ley es la priorización de la dilucidación de la situación jurídica de los predios de estos asentamientos humanos vía su formalización, siguiendo todos los procedimientos legales correspondientes, ya que sus pobladores ocupan pacíficamente estas tierras por décadas las que en la práctica han sido abandonadas por Sima por décadas”, afirmó.

“Al punto que en ellas inclusive el Estado ha construido infraestructura pública como escuelas, centros de salud, puentes, pistas, veredas, postas médicas sin que jamás el Sima haya ejercido ningún reclamo, no hay, pues, desconocimiento de propiedad alguno, por lo que esta observación debe ser desechada”, señaló.

Sostuvo también que el Ejecutivo hace mención del TUO del DL 1192 sobre los procesos de adquisición y expropiación de los inmuebles de propiedad del Estado para la ejecución de obras de infraestructura, pretendiendo señalar que la autógrafa incumple esta norma, lo cual es un despropósito, ya que dicho decreto legislativo no es aplicable a este caso.

“Adicionalmente, el Ejecutivo alega que la autógrafa de ley crea nuevo gasto público, lo cual es insólito, ya que al tratarse de una ley meramente declarativa que simplemente dispone que se declare una prioridad, respecto de la necesidad de formalizar los predios de los asentamientos humanos de Alto Larán”, agregó Oyola.

LIBRE DESAFILIACIÓN

Antes, el congresista Anthony Novoa Cruzado, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, aceptó hacer una pausa en el debate a fin de realizar un mayor estudio respecto del proyecto de ley que plantea la ley de libre desafiliación al Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones y el traspaso a cuentas previsionales en el sistema financiero.

Fue a pedido del congresista José Núñez, quien participó en el debate y advirtió que la propuesta debe ser
estudiada y que se elabore el respectivo dictamen con las observaciones propuestas.

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