Por mayoría (102 votos a favor y 1 abstención), el Pleno del Congreso aprobó la iniciativa que declara de interés nacional el cumplimiento de las políticas públicas para prevenir y erradicar el trabajo forzoso, y la creación del Observatorio Nacional del Trabajo Forzoso.

La propuesta acumula los proyectos de ley 6381, 6382 y 7789 y propone, además, crear el Observatorio Nacional para la consolidación y análisis de la información sobre prevención, detección, atención y reintegración de víctimas y sanción de delito y la infracción administrativa de trabajo forzoso, así como establecer la obligación de contar con módulos de registro de trabajo forzoso.

Al sustentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Oseda Yucra (Frepap), sostuvo que a la fecha se cuenta con normatividad que previene, sanciona y erradica el trabajo forzoso, sin embargo, estos esfuerzos aún son insuficientes, toda vez, que esta problemática es muy grande.

Indicó que, según estimaciones de la Organización Internacional Trabajo, alrededor de 24,9 millones de personas a nivel mundial están laborando en situación de trabajo forzoso, es decir, son obligadas a realizar un trabajo o servicio bajo amenaza o coacción. En el Perú se estima que existirían 80 mil personas en situación de esclavitud moderna, la que incluiría el trabajo forzoso.

En referencia a la información oficial brindada por la Comisión Nacional de Lucha contra el Trabajo Forzoso, aseguró que en el Perú hay un déficit de información cuantitativa y cualitativa del fenómeno del trabajo forzoso, lo que significa que no existe una estadística oficial que permita brindar un diagnóstico cuantitativo en el país, teniendo que recurrir a fuentes secundarias de información para determinar el panorama de la situación de trabajo forzoso en Perú, lo que obviamente dificulta su erradicación.

“Existe una exigua cantidad de casos de trabajo forzoso tramitados tanto a nivel penal como administrativo-laboral; así como en sede judicial laboral; pero se ignora la secuela de estos, lo que genera más incertidumbre que certeza sobre la actividad pública sobre el particular. Sin información de calidad, la intervención del Estado pierde eficacia. La información desde los registros administrativos del Estado es una fuente importante y pese a ello poco usada, opacando de este modo la erradicación de este nuevo flagelo mundial”, sostuvo.

Agregó que a estas dificultades se suma que, en la actualidad, la pandemia de la COVID-19, seguida de la implementación de la emergencia sanitaria y del estado de emergencia nacional declarados en marzo del 2020 han generado una crisis social y económica sin precedentes, y a la fecha sin visos de solución.

En ese contexto, vienen apareciendo lastimosamente nuevos sectores vulnerables, susceptibles de ser explotados y convertirse en víctimas del trabajo forzoso; pero de la misma manera, la aparición de aquellos que en medio de este tremendo caos vean en medio de toda la difícil situación, una posibilidad de lucrar sobre las desgracias ajenas: nuevos victimarios, recurriendo al desarrollo del trabajo forzoso, razón mayor e importante para identificar y registrar estos posibles casos.

Dijo que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, previa validación por parte de la Comisión Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso, publica anualmente un reporte de la información consolidada y analizada del Observatorio Nacional de Trabajo Forzoso, así como de su funcionamiento, con conclusiones y recomendaciones. La información que contiene el Observatorio Nacional de Trabajo Forzoso, respetando las normas de confidencialidad, reserva y secreto de las investigaciones, así como de los datos personales, se publica en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la cual es pública y de libre acceso a la población.

En el debate, el congresista Gino Costa Santolalla (PM), autor de uno de los proyectos de ley, refirió que existe la necesidad de utilizar los recursos públicos y privados para enfrentar esta problemática.

“La Organización Internacional de Trabajo (OIT) indica que el 2016 por lo menos 80 mil personas en el Perú estaban sometidas al trabajo forzoso y estos números se han incrementado no solo con el paso del tiempo sino por la llegada de la pandemia como se ha señalado”, indicó.

Agregó que es una norma importante que llama la atención de las autoridades, de la necesidad de redoblar esfuerzos, fortalecer la política pública y destinar más recursos tanto en su parte preventiva como en la persecución de los responsables de este.

Costa Santolalla señaló que el énfasis está en la necesidad de dotarnos de mejor información sobre el fenómeno y, por tanto, se propone a creación de un Observatorio Nacional en el Ministerio Trabajo al que aporten información todas las instituciones de la que son parte la Comisión Especial de Lucha contra el trabajo forzoso que ya está en su tercer plan nacional.

El legislador Alcides Rayme Marín (Frepap), también autor de uno de los proyectos de ley, indicó que es necesario contar con estadísticas reales para erradicar el trabajo forzoso en nuestro país y así sancionar a los responsables de los abusos contra las personas.

La propuesta fue exonerada de segunda votación con 104 votos a favor.

OFICINA DE COMUNICACIONES