La propuesta para prohibir el matrimonio entre adolescentes, que para ello se propone la modificación del Código Civil, dio lugar a un amplio debate el miércoles 21 en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por posiciones contrapuestas en favor y en contra de la institución civil.

La titular de ese grupo de trabajo, Leslye Lazo Villón (AP), señaló que se seguirá escuchando opiniones de distintos sectores para dilucidar sobre los proyectos de ley, uno de autoría de la congresista Arlette Contreras Bautista (NA) y otro proveniente del Poder Ejecutivo.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta Morales, no concurrió a la sesión por estar citada ante la Comisión de Presupuesto. En su lugar, el viceministro de Poblaciones Vulnerables, Gerardo Zavaleta Benites, se pronunció sobre la propuesta.

El funcionario reconoció que la aprobación de la propuesta no es la solución al problema de miles de jóvenes que no cumplen la mayoría de edad, pero sí significa un avance en su defensa de los adolescentes, en particular de las mujeres.

Consideró que el Estado tiene que redoblar esfuerzos en campañas de orientación. Dijo que la opinión del portafolio del que es parte es favorable, en consideración a las recomendaciones hechas al Estado peruano, a través de la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de otras organizaciones internacionales.

Sostuvo que el matrimonio de adolescentes es negativo, puesto que un gran porcentaje genera la perpetuación del estado de pobreza y, según datos estadísticos, las mujeres adolescentes se encuentran en el quintil inferior de los muy pobres (37%).

Asimismo, esto genera una maternidad temprana y numerosa, conflictos de pareja, violencia, división sexual del trabajo, y se frustra el desarrollo psicológico, físico y personal de los adolescentes en el Perú.

“Es necesario modificar el artículo 32 del Código Civil y otras normas, para evitar que los adolescentes en el Perú puedan contraer matrimonio antes de adquirir la mayoría de edad”, manifestó.

Propuso que se incluya como una causal de nulidad de matrimonio, en el artículo 274 del Código Penal, el contraído por personas menores de 18 años. “Esperamos que el matrimonio de adolescentes sea proscrito de la legislación nacional en defesa del bienestar y desarrollo de los menores de edad”, expresó.

Refirió que las mayores afectadas son las mujeres no solo en su desarrollo físico, personal y profesional, sino que influye en alta tasa de mortalidad por embarazo adolescente.

LA RÉPLICA

El congresista Carlos Mesía Ramírez (FP) consideró que, para la toma de una decisión en torno a los proyectos, se necesita de mayor data estadística, porque todo hace aparecer como que el matrimonio es la institución responsable de la dramática situación de los adolescentes, pero que el problema de fondo es la falta de orientación, de valores, de proyección, de oportunidades.

Preguntó qué pasará después de la promulgación de la ley, en caso se aprobara, se acabaría con esta situación o los adolescentes preferirían la convivencia, como se estila en estos tiempos, y con ello todas sus consecuencias.

También interrogó cuál es la data de mujeres casadas que son víctimas de violencia, qué sucede en el interior del país, cómo es la convivencia de menores, y cuál es la situación de los matrimonios de mayores.

En esa misma línea se pronunció su colega de bancada, Martha Chávez Cossío, advirtiendo que el CEDAW y otras organizaciones de derechos humanos de Naciones Unidas, que se pronuncian sobre lo mismo, están a la vez de acuerdo con el aborto.

En ese sentido, dijo que hay falta de coherencia, porque para la aplicación de la ley no se les pregunta y se les niega el derecho a decidir, lo que no sucede en el caso del aborto, porque allí sí, se les da ese derecho.

“Hay un desenfoque en el problema. El causante de la pobreza, de la violencia, de los embarazos, no es el matrimonio”, manifestó tras considerar que una visión en ese sentido es distractiva.

La congresista María Cabrera Vega (PP) demandó datos estadísticos, en particular de lo que ocurre en el interior en el país, y si en el matrimonio de menores de edad o de mayores con menores hubo actos de connotación penal, como tocamientos indebidos o violación.

En defensa del proyecto de su autoría, Contreras Bautista señaló que la realidad en el interior del país amerita una ley donde los matrimonios disfrazan el abuso y la violencia sexual contra menores de edad.

TRATA DE PERSONAS

De otro lado, en la sesión fueron invitados el juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, Aldo Martín Figueroa Navarro, y la fiscal superior de la Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en delitos de Trata de Personas, Rosario Susana López Wong.

Ambos magistrados opinaron sobre los proyectos de ley que proponen modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal, sobre formas agravadas de la trata de personas, y garantizar la representación procesal y reparación civil de las víctimas.

Figueroa Navarro calificó las propuestas del predictamen como saludables, pero independiente a ello el Estado debe poner atención en potenciar los programas de prevención en materia de trata, explotación sexual y laboral, porque forman parte de la misma cadena.

Por su lado, López Wong consideró que lo que se requiere es reforzar la lucha contra la trata de personas contra los delitos conexos, a fin de evitar la derogatoria de delitos y con ello el archivamiento de las investigaciones.

Finalmente, la congresista Cecilia García Rodríguez (PP) sustentó dos de sus propuestas, una que propone una ley que obliga al fiscal ejercer acción penal en delitos por faltas para evitar impunidad; y otra que propone la ley que establece multa por vulnerar el orden público en caso de faltas contra el patrimonio y las personas.

PRENSA-CONGRESO