La Comisión de Constitución y Reglamento continuó este martes 21 con el debate del predictamen de varios proyectos de ley que plantean establecer normas transitorias en la legislación electoral en el marco de emergencia sanitaria ocasionada por la covid-19.

Según anunció el presidente de ese grupo de trabajo, Omar Chehade Moya (APP), la propuesta será votada en la sesión del miércoles 22, luego de recoger los aportes de los parlamentarios y de los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE), Víctor Ticona Póstigo y Manuel Cox Ganoza, respectivamente, quienes se presentaron el martes 21

El predictamen propone disposiciones transitorias en la Ley de Organizaciones Políticas y en la Ley Orgánica de Elecciones para su aplicación exclusiva en las elecciones generales 2021.

“El fin supremo del presente pre dictamen es garantizar las condiciones adecuadas para que, tanto los organismos electorales como las organizaciones políticas, puedan desarrollar sus actividades en forma segura, confiable y legítima, asegurando la transparencia del proceso electoral del Bicentenario”, señaló Chehade Moya.

En la propuesta se establece la obligatoriedad que tiene el JNE de implementar plataformas electorales que faciliten y validen los actos internos de los partidos y el nombramiento de sus representantes.

También se regulan las elecciones internas de los partidos políticos con participación obligatoria de los organismos electorales, y se autoriza a la ONPE para que establezca mecanismos de votación manuales o electrónicos, bajo entornos presenciales o no presenciales, para lo cual debe garantizar seguridad sanitaria pero también procedimental.

El jefe de la ONPE se reafirmó en la opinión técnica de organizar las Elecciones Internas Partidarias con la modalidad de votación “un afiliado, un voto”, con el Voto Electrónico No Presencial (VENP).

“El VENP es una solución tecnológica segura, accesible y confiable que automatiza los procesos de la jornada electoral y permite una mayor rapidez en el conteo de votos y entrega de resultados. El VENP cumple con las condiciones sanitarias y garantiza la bioseguridad de los afiliados, personal de la ONPE, de las propias organizaciones políticas y demás actores electorales”, dijo Cox Ganoza.

“Me preocupa la vulnerabilidad de que el voto electrónico tenga. ¿Cómo podemos tener la seguridad de invulnerabilidad?”, cuestionó la congresista Martha Chávez Cossio (Fuerza Popular).

Posteriormente Chehade Moya dijo que se establece que el mecanismo de selección sea por una de las dos modalidades que existían hasta el año pasado en las normas sobre la materia; es decir, a través de la votación de los militantes en forma exclusiva o a través de la elección de delegados, los cuales previamente han sido elegidos por las bases partidarias.

“Si no va poder votar la ciudadanía por lo menos que voten los militantes. No habrá elecciones primarias, que sean los militantes quienes decidan por quiénes serán sus candidatos y candidatas”, dijo Gino Costa Santolalla (Partido Morado) coincidiendo con su colega Mirtha Vásquez Chuquilin (Frente Amplio).

En tanto Carlos Almerí Veramendi (Podemos Perú) opinó que en comicios generales lo más seguro es el voto presencial. “El voto electrónico no es una garantía, va contra la democracia porque solo es accesible para un sector”, dijo el legislador

Respecto de la elección de delegados, Cox Ganoza dijo que la ONPE no podría organizar 24 procesos distintos en razón a las organizaciones políticas existentes que cuentan con un millón 600 mil afiliados.

Por otro lado, el predictamen establece un nuevo período para que las organizaciones políticas puedan inscribirse, el que antes fenecía con la convocatoria a elecciones.

“Al fijarse como fecha máxima el día 31 de agosto del presente año, el plazo inicial se extiende en 45 días, y les permite a los organismos electorales determinar con certeza – y anticipación- qué organizaciones políticas están habilitadas para realizar sus elecciones internas y presentar candidatos en la contienda”, explicó Chehade.

Sobre este particular el titular del JNE dijo que las elecciones internas podrán entre el 14 y 22 de noviembre y que el 22 de diciembre podría ser la fecha límite para la presentación de la solicitud de inscripción de nuevas organizaciones políticas. En tanto que el jefe de la Onpe propuso que las elecciones internas se realicen los días sábado y domingo de la primera y segunda semana de diciembre bajo la modalidad de un militante un voto y por voto electrónico no presencial.

Cox Ganoza propuso acercar el internet para que el afiliado no tenga que hacer traslados largos y no se exponga a contagios. Con ello, discrepó el congresista Jorge Malendez Celis (APP), quien aseguró que realizar elecciones internas no presenciales sería excluir a millones de peruanos que viven en zonas que no cuentan con ese servicio.

INMUNIDAD TRIBUTARIA

Posteriormente, fueron debatidos los alcances de los proyectos ley 5537/2020-CR y 5618/2020- CR, que proponen modificar el artículo 19 de la Constitución Política a fin de que las entidades educativas que gozan de inafectación de impuestos paguen tributos.

Para dar más detalles sobre la materia participaron en la sesión virtual el director general de políticas ingresos públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, Marcos Camacho Sandoval y el gerente de estudios económicos de las Sunat, Reynaldo Torres Ocampo.

“Lo que hacen los dos proyectos es levantar la inmunidad tributaria a las instituciones privadas y mantenerlo en las instituciones públicas, dejando todo lo demás al legislador tributario”, dijo el funcionario del MEF, al tiempo de fijar la posición de dicho portafolio de acuerdo con los proyectos por coincidir con sus lineamientos políticos.

Por su parte, el representante de la Sunat informó que el costo fiscal de aplicar el beneficio a universidades, institutos y centros educativos al 2018 se estima en 103 millones de soles. Dijo que el 71 % (73 millones) del costo se concentra en Lima y Callao, en tanto que el 29% (30 millones) en el resto del país. “Diez instituciones educativas concentran el 41% (18 millones) del beneficio aplicado al resto de instituciones”, agregó.

En su intervención el congresista Carlos Mesía Ramírez (FP) se pronunció de acuerdo en que las universidades públicas no deben pagar nada, pero los que quieren hacer negocio con la educación sí deben pagar lo que corresponde. “Lo que se tiene que determinar es si sus dueños se van a poder lucrar y van a poder hacer dinero con la educación”, dijo.

PRENSA-CONGRESO