Con 99 votos a favor y 2 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen del PL 7324, que propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional el saneamiento físico-legal y la titulación de los predios que ocupan los centros poblados, asentamientos humanos y otros terceros del distrito de Alto Larán en la provincia de Chincha, departamento de Ica.

Enseguida, la propuesta fue exonerada de segunda votación. El acuerdo fue tomado en la sesión virtual de este viernes 2, que estuvo dirigida por el congresista Luis Roel Alva, segundo vicepresidente del Parlamento Nacional.

La sustentación del dictamen estuvo a cargo del congresista Juan Carlos Oyola Rodríguez (AP), presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción.

Explicó que el real problema expuesto en la proyectada norma es que, en el 2003, el Sima adquirió la propiedad de 217 ha en ejecución de remate judicial, lo que afectó a casi toda la población de este distrito, pues dicho predio comprende casi toda el área del indicado distrito.

“A la fecha, solo 30 ha del total señalado, que corresponden al centro poblado de Alto Larán, en el cercado del distrito, ha pasado a propiedad del Municipio Distrital de Alto Larán por efecto de un convenio con el Sima en el 2012, de compensación de pago de tributos de alcabala e impuestos prediales. Sin embargo, pese a que han transcurrido casi nueve años, no se ha realizado la inscripción registral de este predio, porque el Sima no cumple hasta la fecha con entregar los documentos necesarios tales como el acta de directorio de autorización de transferencia de propiedad ni con el trámite de independización correspondiente, lo que ha generado la imposibilidad del acceso a los programas de vivienda a favor de la población, con motivo del proceso de reconstrucción luego del terremoto de Pisco de 2007 y los programas del Fondo Mi Vivienda y Techo Propio”, señaló el legislador.

Además, observó que aún queda por sanear la situación de cada uno de los otros predios que ocupan los centros poblados, asentamientos humanos u otros terceros, que ocupan las restantes 179 ha, que figuran a nombre del Sima, pero que en los hechos están ocupadas por diversos terceros.

Oyola Rodríguez también señaló que otro problema serio que ocurre en Alto Larán es la determinación de las áreas de superposición existentes entre el gran predio del Sima y los predios inscritos a favor de terceros, en el Registro de Predios de Chincha-lca. Algunas de estas superposiciones se dan en predios denominados Irrigación Chinchaycamac y El Chotano. De igual forma, es la determinación de áreas ocupadas del gran predio del Sima por unidades catastrales señaladas en planos e informes del PETT-Ica. Asimismo, también existen áreas de ocupación informal del gran predio del Sima en zonas fuera del área de superposición registral.

“Con la aprobación de esta ley se espera conseguir el saneamiento físico-legal, la titulación y la inscripción en registros públicos de los predios que ocupan los centros poblados, los asentamientos humanos y otros, en el distrito de Larán, siempre que se trate de inmuebles de propiedad estatal, los fines sean de vivienda y no existan sobre ellos causas pendientes de resolución ante el Poder Judicial”, subrayó el legislador.

Además, con el saneamiento físico-legal del inmueble o terreno, este adquiere un mayor valor en el mercado y permitirá a su titular tener una mayor seguridad jurídica sobre este.

Durante el debate, el congresista Diethell Columbus (FP) señaló que se trata de una problemática relacionada al abandono, y el procedimiento físico-legal que está truncado ya buen tiempo.

A su turno, Martha Chávez (NoA) indicó estar de acuerdo con el propósito de este proyecto de ley, “pero no vamos a permitir que se beneficien a traficantes de terreno. Por eso, propongo que el beneficio sea para los que demuestren propiedad de posesión anterior a la adquisición por parte del Sima, porque si es posterior podría beneficiar a traficantes de terreno”.

El congresista Jorge Vásquez Becerra (AP) expresó su deseo de que este proyecto llame la atención del Ministerio de Vivienda, porque el problema del saneamiento físico-legal es un tema recurrente.

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