Por unanimidad, con 10 votos a favor, fue aprobado el dictamen recaído en el proyecto de ley 2835/2017-CR; que propone proponer la Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la implementación y conservación de los establecimientos de rehabilitación para personas con discapacidad, con la finalidad de brindarles acceso a los servicios de rehabilitación y mejorar su salud física y mental.

El acuerdo fue tomado en la sesión virtual de la Comisión de la Mujer y Familia que realizó el lunes 27.

“La propuesta se sustenta en que en la actualidad existe un sector de la población que se encuentra en condiciones de exclusión, las mismas que se acrecientan en el ámbito rural, quienes enfrentan condiciones de pobreza, inaccesibilidad de infraestructura y acceso a centros de rehabilitación, por lo que la creación e implementación de centros de rehabilitación tienen una importancia nacional” dijo la congresista Carolina Lizarraga Houghton (Partido Morado), presidente de dicha comisión al sustentar el dictamen.

Informó que existen en el país 3 millones 51 mil 612 personas que padecen de alguna discapacidad y representan el 10,4 % del total de la población. En cuanto a la distribución por género precisó que, un 43 % son hombres (1 millón 311 mil 433) y un 57 % mujeres (1 millón 739 mil 179), cifra que se incrementó si la comparamos con los resultados del Censo 2012, donde las mujeres con discapacidad representaban el 52.1% del total.

Cabe precisar que el mayor grupo de personas con discapacidad (32.6 %) son los mayores de 60 años. Entre el año 2000 hasta el 2017, el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad tiene inscritos a 201,464 personas con discapacidad.

TRABAJADORES DE LIMPIEZA

Debido a que en los próximos días se conocerá a la nueva empresa que ganara la licitación para la prestación del servicio de limpieza pública en el cercado de Lima, congresistas de diversas bancadas expresaron su preocupación y pidieron al alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Jorge Muñoz Wells, atender la demanda de los trabajadores y trabajadoras del Sindicato de Trabajadoras Obreras de la Empresa Innova Ambiental S.A. – SITOBUR que después de laborar por más de 10 años quedarían sin empleo.

La presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia dijo que se trata de un reclamo justo de trabajadoras que se sienten involucradas en un problema que podría poner en riesgo el sustento de sus familias, situación que se agrava más en el contexto de la pandemia, recalcó.

“La empresa nueva traerá a sus trabajadores y ¿qué pasara con los trabajadores que fueron reincorporados por orden judicial? ¿Qué acciones políticas viene evaluando para ver la situación en la que quedarían estas trabajadoras?, preguntó la congresista Lizarraga.

Muñoz Wells aseguró que los trabajadores que fueron incorporados realizarán labores complementarias y no quedarán desamparados. Agregó que se están abriendo posibilidades para acompañar en la creación de emprendimientos y hacer otras actividades en la posibilidad de que estas personas se puedan quedar sin trabajo.

“En Innova Ambiental hay 960 personas en total. No todos son obreros que trabajan en la calle, sino que realizan otras labores. 515 son mujeres y 445 son hombres. De los incorporados el 52 % son hombres y un 48 % mujeres, según el mandato judicial”.

El burgomaestre capitalino subrayó que en la convocatoria se ha planteado 3 ítems y no sólo uno con lo cual se amplía más probabilidades laborales.

Respecto del proceso judicial iniciado por SITOBUR contra Innova Ambiental y Municipalidad Metropolitana de Lima que dispone la incorporación de 709 personas a la planilla de dicha comuna, Muñoz Wells hizo una aclaración. Dijo que en la lista inicial se incluyó 709 personas, sin embargo, luego de una depuración se detectaron nombres repetidos.

“En la lista aclaratoria se incluye a un total de 570 personas, 10 personas fallecidas, 433 asistieron a la convocatoria y 350 iniciarán actividades”, dijo al tiempo de advertir que hay personas que no están en condiciones de trabajar. Ante esa realidad la congresista Arlett Contreras Bautista (NoA) preguntó al alcalde por qué solo permite la incorporación de 296 trabajadoras que tienen protección de la Corte Suprema y no se reconoce a los 504 trabajadores y trabajadoras. ¿De repente porque son mujeres o porque están esperando otro mandato judicial?, agregó al tiempo de pedir que se incluye una cláusula dentro del contrato que garantice la estabilidad laboral de trabajadoras y trabajadores. ¿Porque insiste en tercerizar este servicio?, dijo.

“Nosotros tenemos un mandato judicial. En la administración pública solo se puede hacer lo que la ley ordene, lo demás está prohibido por eso estamos respetando el mandato judicial. Más de 700 obreros querían entrar a la municipalidad y se detectó que en la lista había nombres duplicados por eso se precisó que son 570 personas”, respondió el alcalde.

Por su parte, la congresista Mónica Saavedra Ocharán (AP) abogó por los trabajadores que perdieron el juicio y preguntó al alcalde cómo podría ayudarlos, a lo que Muñoz Wells respondió que “no se puede contratar por contratar porque es dinero del Estado y nos puede llevar a un ilícito -si no hay una plaza o una necesidad- nos puede llevar a una responsabilidad inclusive de índole penal”, dijo.

En caso se otorgue la buena pro a otra empresa, el alcalde de Lima aseguró que las personas no se están quedando sin trabajo “estamos asimilando trabajadores”, dijo; sin embargó precisó que “la Municipalidad no es un espacio donde vamos a darle trabajo a todas las personas de Lima. Los funcionarios públicos solo podemos hacer lo que la ley nos faculta”, concluyó.

PESAR POR ACCIDENTE FATAL

Al inicio de la sesión la congresista Carolina Lizarraga expresó su pesar y se solidarizó con la familia del niño de 2 años de edad que en la víspera cayo en un pozo ubicado en un parque causándole la muerte.

“Lamentablemente hemos visto la indolencia de la burocracia con la que Sedapal y la Municipalidad de Lima niega alguna responsabilidad o no la asume. Desde la Comisión de la Mujer haremos todo lo que esté a nuestro alcance porque los responsables de esta tragedia respondan por su negligencia. No es posible que una familia salga a pasear con su hijo y se encuentre con un pozo de 80 metros de profundidad descubierto y sin ninguna medida de protección, alguien tiene que responder por eso”, dijo.

También se solidarizó el alcalde de Lima. “Nosotros, todos somos personas que ante cualquier situación vamos a estar dando la cara porque para eso hemos sido elegidos autoridades”, dijo.

Lima, 27 de julio de 2020

PRENSA-CONGRESO