Mediante un dictamen, aprobado previamente por unanimidad en la Comisión de Vivienda y Construcción, se dispuso hoy lunes 19 declarar de interés nacional y necesidad pública al Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Juliaca, provincia de San Román, en Puno, propiciando también la adecuada protección medioambiental en la región Puno.

Asimismo, se incluyó una disposición complementaria final en el sentido de que el Poder Ejecutivo y las autoridades regionales adoptarán las medidas correspondientes para solucionar similares problemas que se dan en diferentes localidades del interior del país en materia de agua potable y alcantarillado.   

La propuesta fue aprobada por unanimidad (108 votos a favor). En una segunda consulta fue exonerada de segunda votación también por unanimidad (108 votos a favor).  

El dictamen fue sustentado por la presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción, Marisa Glave Rémy (FA). Moisés Mamani Choquehuanca (FP) y Oracio Pacori Mamani (FA), autores de los respectivos proyectos de ley, remarcaron la dramática situación en que viven los pobladores de Juliaca (más de medio millón de personas), situación desventajosa que resulta imperativo superar. Subrayaron que, al no consumir agua potable de calidad, la población está expuesta a serios peligros para su salud. 

En apoyo a esas apreciaciones se sumaron legisladores como Juan del Águila Cárdenas (FP), Lucio Ávila Rojas (FP), Benicio Ríos Ocsa (APP), César Villanueva Arévalo (APP), Edilberto Curro López (FA) y otros que precisaron que también debería de considerarse similares situaciones álgidas que padecen otras localidades y provincias del país con serios peligros para la salud pública.

Ante esa situación, algunos parlamentarios expresaron que, sin desconocer la dramática situación en Juliaca, el problema era de carácter nacional, y resultaba necesario que el Poder Ejecutivo asumiese su responsabilidad para solucionarlo. Entre los pueblos que se mencionó están Iquitos y Chimbote, entre otros.

Finalmente, la presidenta de la Comisión, Marisa Glave, acogió propuestas de sus colegas parlamentarios y así el texto finalmente aprobado se orientó hacia otras localidades del país. 

MERCADO DE CAPITALES

También fue aprobado un proyecto de ley para promover el desarrollo del mercado de capitales. La finalidad es otorgar un tratamiento preferencial a los rendimientos de determinados instrumentos financieros a fin de coadyuvar en el desarrollo del mercado de capitales, según  la propuesta de ley de autoría del Poder Ejecutivo.

Se busca abaratar costos e impulsar las inversiones en el sector inmobiliario. También, el ‘fáctoring’, o factura negociable, con lo cual se incidirá favorablemente en las pequeñas y microempresas (pyme) y en el sector vivienda. Con ello se busca la inversión colectiva para potenciar el mercado inmobiliario, entre otros fines, según explicó la legisladora Mercedes Aráoz Fernández (PPK), presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. 

Con esas apreciaciones coincidió y las respaldó Percy Alcalá Mateo (FP). En cambio, Manuel Dammert Ego Aguirre (FA) pidió, como cuestión previa, que el tema fuese devuelto a la Comisión dictaminadora para un mayor estudio ya que no eran claros los objetivos enunciados. Se unió a esa posición Marisa Glave.

Puesta a voto, la cuestión previa de vuelta a Comisión fue rechazada por 79 votos en contra, 27 a favor y ninguna abstención.  

Finalmente, el dictamen fue aprobado por 89 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención. Se lo exoneró de segunda votación por 88 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención.

La norma entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2017.

DEDUCCIÓN

Igualmente, por 74 votos a favor, 30 en contra y tres abstenciones, fue aprobado un proyecto que amplía el límite de deducción de gastos, a determinadas empresas, por concepto de donaciones de alimentos en buen estado y aptos para el consumo humano, para efectos del impuesto a la renta. De ese modo, habrá una deducibilidad de 1.5% del valor de la renta neta, lo cual no afecta a la recaudación.

En segunda consulta el proyecto fue exonerado de segunda votación por 71 votos a favor, 29 en contra y cuatro abstenciones.

Previamente fue desestimada una cuestión previa planteada por el congresista Jorge del Castillo Gálvez (CPA) a fin de que, antes de votarse el tema, se recibiese información adicional del Ministerio de Economía y Finanzas para aclarar puntos que no se advertían claros en el texto del dictamen.

La cuestión previa de Del Castillo fue rechazada por 70 votos en contra, 32 a favor y una abstención. 

Asimismo, fue rechazada una reconsideración de la primera votación planteada por el congresista Javier Velásquez Quesquén (CPA). Se requería de 76 votos a favor para ser aprobada (la mitad más uno del número legal de congresistas), pero solo alcanzó 33 a favor, 72 en contra y ninguna abstención.  

 Conforme a la iniciativa, se beneficiará a gente de condición humilde a la cual se favorecerá con la donación de alimentos en buen estado que, por ejemplo, podría canalizarse a través de los comedores populares y no necesariamente tener que arrojarse esos alimentos como desperdicio. Se trata de alimentos en buen estado provenientes de restaurantes y supermercados, según se anotó.

Se opuso a la propuesta el congresista Yonhy Lescano Ancieta (AP), quien señaló que la donación se haría por nada a cambio. Aclaró que con ello se exonerará de impuestos a grandes empresas que ya cuentan con otros beneficios.

Coincidió con ello Manuel Dammert Ego Aguirre (FA), al recordar que el tema fue debatido también en el Congreso anterior. Dijo que, en lugar de ello, los alimentos deberían de ser donados a través de la Iglesia o de entidades benefactoras y así se evitaría descuentos en  el impuesto por pagarse.

Miguel Torres Morales (FP) defendió los alcances de la propuesta en debate. Aclaró que no hay mayor deducción en el pago del impuesto.

Hubo congresistas como Marisa Glave y Marco Arana Zegarra (FA) que solicitaron un cuarto intermedio, antes de votar el proyecto, para precisar los reales alcances de la iniciativa. Ante esto, Luis Galarreta Velarde (FP) se mostró extrañado  porque, al parecer, los legisladores del Frente Amplio no se pusieron de acuerdo en cuanto a un dictamen que había sido aprobado en comisión por sus propios compañeros de bancada.  

La norma aprobada regirá también a partir del 1 de enero de 2017.

AUTORIZACIÓN

Previamente, la Representación Nacional aprobó una resolución legislativa mediante la cual se autoriza el ingreso de unidades navales y de personal militar extranjero, de acuerdo al programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras, correspondiente al Año 2017.

La decisión congresal, tras la sustentación de la propuesta que hizo la congresista Luciana León Romero (CPA), presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, fue aprobada por 86 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención. Fue sin debate, y se trató de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia.

La resolución legislativa no requería de segunda votación.

La sesión de la Representación Nacional fue dirigida en su jornada matutina por la presidenta del Poder Legislativo, Luz Salgado Rubianes. Comenzó a las 09:43 horas con el quórum de reglamento.

CUARTO INTERMEDIO

De otro lado, quedó en cuarto intermedio un proyecto para modificar el Código Civil y el Código Procesal Civil a fin de incorporar en las resoluciones judiciales sobre pensiones alimentarias el criterio del aporte por trabajo doméstico no remunerado. De ese modo, el juez de familia considerará el aporte económico no remunerado a tiempo completo o parcial por parte del hombre y la mujer dentro del hogar.

En ese sentido se expresó el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi Chicoma (PPK), al sustentar la propuesta. Precisó que, por lo general, los juzgados no consideran a la labor en el hogar como un trabajo no remunerado. 

A su vez, la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Indira Huilca Flores (FA), dijo que se apunta a dar un valor al trabajo doméstico no remunerado. Subrayó que también se orienta a la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a sus aportes al hogar y teniendo en cuenta la alimentación de los hijos.

Juan Gonzales Ardiles (FP), autor del proyecto de ley, expresó que de ese modo se llena un vacío y, además, dijo que era necesario considerarlo teniendo en cuenta la alta carga procesal no resuelta por estos casos de pensiones alimentarias en el Poder Judicial. Hizo hincapié en que se trata de considerar trabajo no remunerado a las diferentes y recargadas labores efectuadas especialmente por la mujer en el propio hogar. (JTR).

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