DARÁN PLAZO DE 180 DÍAS PARA QUE POSEEDORES DE ARMAS REGULARICEN SU SITUACIÓN

Centro de Noticias del Congreso

01 Dic 2015 | 15:47 h

Con la reglamentación de la Ley 30299, la Sucamec dará un plazo de 180 días para que los poseedores de armas de fuego regularicen su situación. Así lo informó la gerente de Armas y Artículos Conexos de la Sucamec, Katia Núñez Mariscal, en la sesión de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana que se realizó el lunes 1 en la Sala María Elena Moyano.

“Se dará un plazo de 180 días, prorrogables, para la regularización. Lo que se busca es sincerar la base de datos del Registro Nacional de Gestión de Información (RENAGI). Tenemos un registro de personas poseedoras desde 1940 y no se ha actualizado la información, hay personas que ya fallecieron”, dijo Núñez Mariscal.

La funcionaria informó que se estima que 50 mil usuarios deben regularizar la posesión. “De no ser así, pasaremos a cancelar la licencia y a ordenar el internamiento del arma, y al poseedor se le considerará como ilegal, lo que constituye un delito”, sostuvo.

Esa es sólo una parte de la estrategia de intervención para el mejor control de las armas de fuego del mercado legal emprendida por la Sucamec, dijo el Superintendente Nacional de dicha institución, Derick Roberto Latorre Boza.

Informó que actualmente cuentan con 10 oficinas en el interior del país y anunció que para el 2016 implementarán dos más: una en Cajamarca y otra en Ayacucho. “Nos gustaría estar en todas las regiones, pero por razones presupuestales eso no es posible”, señaló.

Latorre Boza informó sobre la implementación del programa de Entrega Voluntaria de Armas PEVA. “La Sucamec ha estimado el presupuesto del programa con montos que van entre 150 y 300 soles para armas de fuego con sistema de disparo tiro por tiro, de repetición o semiautomático; y hasta 600 soles por armas automáticas. Está en evaluación la posibilidad de entregar incentivos por armas de fuego de fabricación artesanal, evidentemente de montos mucho menores”, sostuvo.

Explicó que el proceso de entrega de armas concluye con la destrucción mediante fundición. “La inutilización inmediata del arma de fuego asegura que se cumpla con el objetivo de retirar definitivamente las armas de circulación; da confianza a la ciudadanía de que las armas no serán usadas posteriormente por nadie más; y evita riesgo de asalto sobre el personal que recibe las armas de fuego”, precisó.

Señaló que la entrega es voluntaria y anónima y no genera consecuencias legales para quien la realiza y, lo más importante, “se alinea a un objetivo social relacionado con la convivencia pacífica”.

 El representante de la Sucamec dijo que gracias a la Ley N° 30299: Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil aprobada por el Congreso en diciembre de 2014,  se ha conseguido el historial de antecedentes penales como requisito para solicitar licencia para portar armas, además de los antecedentes judiciales y policiales. “Si alguien que cometió delito hace 15 años solicita licencia, no se le podrá dar, no podrá portar armas” advirtió.

Latorre Boza informó que durante el quinquenio 2006-2011 hubo una “explosión de otorgamiento de licencias” porque sólo se solicitaba antecedentes penales del último año contado de la fecha en que se solicitaba la licencia. “Se detectó mil 92 usuarios de armas de fuego con licencias de armas vencida que estaban en la cárcel. Hemos incautado esas licencias y hay 500 revocaciones de ellas”

Expresó su desacuerdo de la posibilidad de que los miembros del serenazgo porten armas de fuego. “La situación de los serenos es de baja profesionalización y alta rotación, por lo que dotarles de armas de fuego incrementaría el factor de riesgo a la seguridad antes de ser una forma de garantizarla”, advirtió.

Dijo que resulta inviable que las municipalidades doten de armas de fuego al serenazgo toda vez que resulta violatorio del artículo 166 de la Constitución Política del Perú.

A la sesión asistió el congresista Ramón Kobashigawa (GPFP), quien expresó su preocupación por la demora en la reglamentación de la Ley 30299. “Se están afinando detalles para poder implementar de manera adecuada la ley. Esperamos que antes que concluya el año esté listo”, dijo el representante de Sucamec.

También participó en la sesión de la Comisión Especial Multipartidaria el congresista Rubén Condori (NGP).

 

PRENSA-CONGRESO (brmd)

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