El congresista Daniel Urresti Elera (PP) concluyó que el Estado realiza grandes esfuerzos para solucionar el problema de la pesca ilegal y para ello es imperativo crear una comisión multisectorial que planifique y ejecute acciones, luego de escuchar las exposiciones del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y la viceministra de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, María del Carmen Abregú Báez.

La Comisión de Defensa Nacional, Orden interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que preside Urresti Elera, abordó con sus invitados, precisamente, el informe sobre la aplicación y cumplimiento del Decreto Supremo 011-2019-PRODUCE, que establece disposiciones para fortalecer las medidas de ordenamiento pesquero aplicables en el ámbito marítimo adyacente al departamento de Tumbes.

La primera funcionaria en tomar la palabra fue la viceministra de Pesca y Acuicultura, María del Carmen Abregú Báez, quien dijo que el objetivo de la norma analizada fue establecer disposiciones para fortalecer las medidas de ordenamiento pesquero y lamentó que “en la actualidad se encuentra la misma informalidad y los señores armadores mantienen la misma condición”.

Informó que la problemática que se presenta en la región fronteriza es que las embarcaciones pesqueras de menor escala, denominadas arrastreras o bolichitos, extraen recursos dentro de las cinco millas (pesca ilegal), en tanto la autoridad marítima no tiene capacidad real para controlar y vigilar esta actividad.

Además, en las caletas de Tumbes se realizan descargas ilegales y debido a la presencia de la delincuencia los fiscalizadores de Produce no pueden ingresar; y como si fuera poco, muchas embarcaciones nacionales compran carga ilegal a las naves ecuatorianas, hecho también incontrolable por las autoridades marítimas.

Sobre el proceso de formalización dijo que, de un listado de 128 embarcaciones pesqueras proporcionado por el gobierno regional, al vencer el plazo de presentación de solicitudes, tan solo se presentaron 92 solicitudes de otorgamiento de permiso de pesca de menor escala.

De ello, 74 solicitudes ha sido registradas: 47 tienen observaciones; 15 cuentan con permiso de menor escala con oficio de observaciones; 4 con permisos de pesca de menor escala otorgados; 7 con oficio de suspensión de procedimiento (por presunta suplantación); y 1 con resolución directoral de improcedente.

Las restantes 18 solicitudes han sido declaradas no aptas según resolución Directoral 001-2020 del gobierno regional de Tumbes.

De acuerdo con el DS 011-2019-Produce, el plazo para la presentación de las solicitudes de otorgamiento de permiso de pesca de menor escala venció el 10 de febrero último y el plazo no se ha ampliado; mientras tanto, según una disposición complementaria transitoria, los armadores que hayan solicitado el permiso de pesca de menor escala, cumpliendo lo dispuesto en el presente DS, podrán realizar actividad extractiva con el permiso de pesca artesanal en el ámbito marítimo adyacente a Tumbes, fuera de las cinco millas marinas, hasta la obtención del correspondiente permiso de pesca de menor escala.

En síntesis, la viceministra informó que, de las 74 solicitudes registradas, hasta el momento solo tres (3) han logrado obtener certificado de matrícula. Y no existe el propósito de ampliar este proceso, sino de concluirlo, y a través de sus brazos ejecutores calificar los permisos que tienen observaciones y seguir articulando con la Marina de Guerra, el Ministerio Público, el Poder Judicial, Defensa y el propio gobierno regional para combatir las incursiones a la milla cinco.

CONTROL MARÍTIMO

El ministro de Defensa, general EP (r) Jorge Chávez Cresta, saludó a los miembros de la Comisión y cedió la palabra al director general de la Dirección General de Capitanías (Dicapi), al vicealmirante Ricardo Menéndez Calle, quien expuso sobre las acciones que ejecuta su entidad para frenar la labor ilícita de las embarcaciones pesqueras en la zona y en todo el litoral.

Hizo una exposición de las 128 embarcaciones listadas por el gobierno regional de Tumbes, de las 92 cuyos propietarios han iniciado con solicitudes procesos de formalización de la actividad pesquera, y la situación de las embarcaciones.

También informó sobre las intervenciones que su dirigida ha efectuado en la zona de embarcaciones pesqueras de boliche y arrastre, embarcaciones pesqueras supuestamente clonadas, incautación de boliches artesanales y redes de arrastre, y también la captura de embarcaciones ecuatorianas capturadas en el 2019 y en lo que va del 2020.

El titular de Dicapi manifestó finalmente que Produce debe continuar con la evaluación técnica del proceso de formalización de dichas embarcaciones y continuar con los operativos multisectoriales de control.

LAS MAFIAS DE LA PESCA ILEGAL

Daniel Urresti Elera señaló que durante muchos años en Tumbes hay dos problemas: primero, no se respetan las cinco millas para la pesca artesanal, las de mayor calaje ingresan, se van hasta la milla uno, y pelean con los artesanales; segundo, la pesca ilegal es una mafia, similar a la tala de madera o a la minería ilegal, donde se mueve mucho dinero y utilizan el sicariato.

“Para solucionar estos problemas se necesitan altos comisionados para combatirlos”, explicó. Pero han sido reemplazados por comisiones. ¿Existe comisión multisectorial que coordine acciones contra la pesca ilegal? Consultó y la vice ministra Abregú le respondió que no existe ninguna comisión que se encargue del tema, y reconoció que “ha habido bastante debilidad de parte del Estado para combatir (la pesca ilegal)”.

El congresista Napoleón Puño Lecarnaque (APP) indicó que “para tratar un problema que se mantiene por muchos años en Tumbes no se necesitan tantos decretos supremos, hay suficientes leyes que permiten actuar en forma concreta en la solución de este problema. Produce cumple un papel muy importante, y debe tener una relación más directa con Produce de Tumbes, pues pareciera que (allí) no se le da importancia a este problema”.

Tanto Urresti Elera como Otto Guibovich Arteaga (AP) plantearon interrogantes sobre el personal y la logística necesarios para que la Dicapi realice el trabajo que se requiere a lo largo de la costa. Guibovich Arteaga dijo que en la historia la Dicapi no ha “tenido mucho apoyo logístico, el problema siempre ha sido el mismo, es presupuestal, y es una tarea pendiente. No solo es un problema del Ejecutivo, también del Legislativo. Se viene el debate del presupuesto, y la Marina debe ver sus requerimientos”.

Aprobación de dictámenes

Como siguiente punto de agenda, el titular de la comisión sometió a votación en bloque cuatro dictámenes, los cuales fueron aprobados (6 votos a favor, 5 en contra).

-El que propone la adhesión al dictamen debatido y aprobado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Proyecto de Ley 4929-2020, que propone la ley que incorpora el literal I) al artículo 22 de la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado, y modifica el artículo 454 del Decreto Legislativo 957, Código Procesal Penal.

-El que propone el archivamiento del Proyecto de Ley 3044 y 3045, que proponen modificaciones a la Ley 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del riesgo de Desastres debido a las vulneraciones de la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

-El que propone rectificar el acuerdo número dos del Proyecto de Ley 2503 del 2017 a fin de posibilitar su dictamen tomando en cuenta información actualizada que recomienda su aprobación y que a la materia de la iniciativa se alinea con los ejes temáticos priorizados por esta comisión.

-El que propone el archivamiento del proyecto de ley 2966/2017-CR, que propone la Ley que modifica la Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y propone la creación de la Escuela Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que vulnera la Constitución en lo que se refiere a la iniciativa de gasto.

Lima, 17 de agosto de 2020

PRENSA-CONGRESO