Los cuatro congresistas de la bancada de Acción Popular acusados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucional (SAC) de los delitos de Organización Criminal y Tráfico de Influencias agravado, en agravio del Estado peruano, ejercieron el derecho de su defensa y demandaron el archivamiento de la denuncia.

Cada uno de los legisladores acusados: Raúl Felipe Doroteo Carbajo; Jhaec Darwin Espinoza Vargas; Jorge Luis Flores Ancachi y Elvis Hernán Vergara Mendoza, conocidos como Los Niños”, por supuestamente obedecer las directivas del presidente de ese momento, Pedro Castillo Terrones, coincidieron en señalar que no existen pruebas fehacientes de los supuestos delitos.

Cada cual se presentó con su abogado y dispusieron de 20 minutos para ejercer el derecho de su defensa, tiempo que abarcó más de tres horas.

Por su lado, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, congresista Lady Camones Soriano (APP) y la congresista delegada del caso, Norma Yarrow Lumbreras, de Avanza País, ambas integrantes de la Subcomisión Acusadora ante el Pleno, se encargaron de sustentar el Informe final N° 300, de 199 páginas.

DERECHO DE DEFENSA

Los congresistas acusados se presentaron ante el Pleno, acompañados de sus abogados, y defendieron sus posiciones de inocencia, argumentando falta de pruebas, testimonios y afectación a su derecho de función parlamentaria, al cuestionarse su visita a  ministros de Estado.

Empero, en varios de los casos, negaron haber pisado el umbral de las sedes de los portafolios de Producción, Vivienda y Transportes, aunque en el informe no se haya tomado en cuenta los dos últimos.

El congresista Doroteo Carvajo se manifestó indignado, porque consideró que se está criminalizando actos funcionales parlamentarios en su rol de gestión, en cumplimiento de su labor.

El congresista, sin embargo, negó haber visitado alguna sede ministerial en cuestión y, que, de las cuatro veces que fue a Palacio de Gobierno, señaló que no fue solo, sino acompañado de diez, 12 y más congresistas invitados por el presidente de ese entonces. Comentó que probablemente los asesores de la SAC han inducido a error a los legisladores de ese grupo de trabajo parlamentario.

Su abogado Daniel Lértora Neyra, sostuvo que la visita a las autoridades del Poder Ejecutivo y a sus principales funcionarios, es una obligación de los congresistas y no existe infracción de los artículos 38 y 39 de la Carta Magna.

Por su lado, Espinoza Vargas señaló que no existen pruebas de las acusaciones, ni testigos que lo imputen, y que, en ese contexto, se generará miedo a votar. “No podemos ser títeres de nadie”, manifestó, al tiempo de señalar que en ningún momento participó de alguna reunión en privado con el exmandatario.

También dijo que si no existen pruebas fehacientes de culpabilidad, no se le puede sancionar con la suspensión hasta que dure el proceso penal.

Su abogado, Luis castro Grados, sostuvo que los hechos denunciados no han sido corroborados y que no debe suspenderse a su patrocinado mientras dure el proceso.

El congresista Jorge Luis Flores Ancachi, coincidió con los anteriores y se consideró un perseguido político.

Su abogada Berenice Flores Carrillo, mostró estadística de cómo votó su patrocinado, algunas veces a favor, otros en contra y también abstenciones; y que la acusación tanto del Ministerio Público como de la SAC, es subjetiva.

Dijo que no existen pruebas, ni testigos, solo lo dicho por Bruno Pacheco y Karelim López, quienes en ningún momento participaron de las sesiones.

El congresista Vergara Mendoza llamó a la reflexión para no sancionar ni criminalizar el voto y su abogado Alexander Robles Sevilla, dijo que lo que se quiere es suspender indefinidamente a los congresistas contraviniendo lo establecido por el Tribunal Constitucional.

 LA DENUNCIA

De acuerdo con el Informe final N° 300, los cuatro congresistas son acusados por ser presuntos autores de la comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, de estructura vertical, cuyos integrantes formarían parte de niveles de acuerdo a una figura piramidal; organización que estaría enquistada en el aparato estatal, específicamente en el Ministerio de la Producción.

Se señala, que en mérito a los abundantes elementos de convicción reveladores y objetivos aportados en la denuncia constitucional y en el procedimiento de acusación constitucional, por la Fiscalía de la Nación, los congresistas de la República denunciados, representarían el mando operativo, conocido como el «Brazo Congresal» de la organización criminal.

Los integrantes de esta supuesta organización habrían sido captados por la organización criminal a través de Auner Augusto Vásquez Cabrera, habiéndose comprometido los congresistas denunciados a votar en contra de mociones de vacancia, censuras e interpelaciones de ministros y emitir votos a favor de las cuestiones de confianza planteadas por el Poder Ejecutivo.

De esta manera, los mencionados parlamentarios, respaldarían así, la gestión de José Pedro Castillo Terrones, en ese entonces presidente de la República y como contraprestación del acuerdo ilícito, habrían solicitado beneficios indebidos, como nombrar en puestos claves de la institución a personas ligadas a los congresistas denunciados.

A manera de sugerencia, se incluyó en el referido informe, en la figura de “sugerencia” incluir la propuesta de suspensión en sus derechos constitucionales de los cuatro parlamentarios acusados por la duración del proceso penal, pudiéndose reincorporar en caso de resultar absueltos.

ARCHIVO

En la exposición de señala que en el caso de los congresistas Ilich Fredy López Ureña y Juan Carlos Mori Celis, la Subcomisión no contó con el suficiente material probatorio por el delito de Organización Criminal y Tráfico de Influencia Agravado en perjuicio del Estado peruano.

“Esto es sin que se presenten nuevos medios para una posterior investigación y sanción en sede parlamentaria o judicial “, afirmó.

Camones Soriano sostuvo que durante el proceso, fueron respetadas las garantías del debido procedimiento de los acusados, sustentado en los medios probatorios presentados.

OFICINA DE COMUNICACIONES