La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside la legisladora Gladys Echaíz (APP), aprobó este miércoles 8 el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 619/2021-CR, que propone la Ley que crea la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal.

El objetivo de la iniciativa, según Echaíz de Núñez, es constituir una Comisión Especial encargada de la elaboración de un «Anteproyecto de Nuevo Código de Ejecución Penal». Para tal efecto, esa comisión está facultada para coordinar con los diversos sectores, instituciones o personas que tuvieran interés en hacer conocer sus opiniones o sugerencias sobre el tema.

En relación a los tiempos, según el proyecto, la Comisión Especial concluirá su labor en un plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente de la publicación de la Ley en el diario oficial El Peruano.

Se establece que la comisión estará conformada por tres congresistas de la República, uno de los cuales la preside, elegidos por el Pleno a propuesta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; dos representantes del Poder Ejecutivo, designados por el Ministerio de Justicia; y dos representantes del Poder Judicial, designados por la Sala Plena de la Corte Suprema.

De igual forma, por un representante del Ministerio Público, designado por el fiscal de la Nación; y un representante de la Defensoría del Pueblo, quienes se encargarán de la elaboración del anteproyecto de Nuevo Código de Ejecución Penal.

La proyectada norma también contempla que la Comisión Especial designará a los miembros alternos por cada representante, a fin de coadyuvar al mejor funcionamiento de ese grupo. Se precisa que la representación de las instituciones se ejerce en forma ad honórem.

Al respecto, el legislador Alejandro Muñante Barrios (RP) dio a conocer sus aportes y puntos de vista al respecto, señalando la necesidad de mejorar el nuevo Código de Ejecución Penal.

INVITADOS

En la segunda parte de la reunión, se presentó Carina Vargas Mallqui, presidenta de la Asociación Colegio de Martilleros Públicos del Perú, quien dio a conocer su posición institucional respecto del Proyecto de Ley 1966/2021-CR.

En el proyecto en mención propone la Ley que modifica los artículos 2, 3, 7, 12, 16, 17, 20, 24 y adicionar el Capítulo V de la Ley 27728 y los artículos 6, 7, 20 de la Ley 28371, y artículos de la Ley del Martillero Público, artículos 1, 2, 12, 13, 15 y 16 de la Ley 30229 (Ley que adecua el uso de las tecnologías en el Sistema de Remate Judiciales) y artículo 731 del Código Procesal Civil, y se crea la Cámara del Martillero Público del Perú.

Destacó la importancia de la iniciativa de ley que permitirá desarrollar una labor más ágil y transparente para los usuarios modificando algunos de los artículos de las leyes señaladas.

“Existe la necesidad de mejorar los mecanismos de esta labor y por este medio queremos orientar y capacitar al público en general que interactúa con los martilleros públicos y así mismo, establecer lazos con las instituciones públicas y privadas a fin de modernizar, organizar y ejecutar las acciones para el desarrollo exitoso de las subastas y remates en nuestro país”, manifestó Vargas Mallqui.

Seguidamente, se presentaron David Encinas y Víctor Gálvez miembros del Consejo Directivo de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, quienes dieron a conocer su posición institucional respecto del Proyecto de Ley 818/2021-CR, que propone la ley que modifica el Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado, a fin de fortalecer el servicio notarial mediante el uso de las tecnologías.

Encinas señaló la necesidad de mejorar los mecanismos de servicios notariales en el país, para facilitar los procesos de inversión comercial a favor del público usuario, utilizando principalmente los canales digitales ahorrando tiempo y dinero para poder adquirir muebles y bienes desde la comodidad de sus hogares u oficinas.

OFICINA DE COMUNICACIONES