El pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, constituir una comisión multipartidaria para que investigue tres casos de presunta corrupción en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) referidos a los contratos de concesión de la Línea 2, el del Gasoducto Sur Peruano y los contratos de exportación del gas de Camisea.

Dicho grupo de trabajo tendrá un plazo de 180 días a partir de su instalación para ejercer todas las facultades y/o apremios legales que le confiere el ordenamiento jurídico vigente para el cumplimiento de su misión. 

“En caso de encontrar alguna responsabilidad política, penal o administrativa de los investigados recomendará al Congreso de la República, Ministerio Público, Poder Judicial que apliquen las sanciones correspondientes de acuerdo a la Constitución y la ley”, reza la moción que fue respaldada por 96 legisladores presentes en el hemiciclo.

Esta comisión investigadora -en uso de sus atribuciones constitucionales y legales- podrá formalizar ante el Ministerio Público, las denuncias que fueran necesarias si durante sus pesquisas recaba indicios razonables o recauda medios probatorios que conlleven a responsabilidad penal en funcionarios, servidores u otras personas involucradas.

De inmediato, 90 legisladores aprobaron la composición de esta comisión investigadora: Daniel Salaverry (FP) presidirá esta comisión investigadora y estará acompañado de Nelly Cuadros (FP), Manuel Dammert (Frente Amplio), Sergio Dávila (PPK), Benicio Ríos Ocsa (APP), Jorge del Castillo (CPA) y Edmundo del Águila (AP).

La moción fue planteada por los congresistas Héctor Becerril (FP) y Mauricio Mulder (CPA). Durante la admisión a debate correspondió a los legisladores Becerril y Mulder (CPA) advirtieon que no existe ninguna venganza política detrás de esta investigación parlamentaria. Ningún legislador hizo uso de la palabra para oponerse.

Antes del pronunciamiento de la asamblea parlamentaria fue Luis Galarreta (FP) quien aclaró que detrás de esta pesquisa parlamentaria no implicará que se detenga ninguna de estas tres concesiones y aclaró que lo que se busca es visualizar la posible sobrevaloración en que se habría incurrido en estos contratos de concesión. “No hay ninguna connotación política”, dijo.

Por su parte Víctor Andrés García Belaunde (AP) alertó que urge que el Congreso investigue el contrato de concesión del gasoducto sur porque va a costar a todos los peruanos siete mil millones de dólares y para ello se va a subir la tarifa de consumo de electricidad en un 20 por ciento.

PRENSA CONGRESO