El contralor general de la república, Nelson Shack Yalta, informó a la Comisión especial investigadora multipartidaria, encargada de investigar la presunta comisión de ilícitos en el sector de la construcción, que se han efectuado y emitido 608 informes de control sobre 493 contratos que involucran 101 mil 604 millones de soles.

Ante la comisión que preside Carlos Almerí Veramendi (PP), Shack Yalta precisó que dicho universo de acciones de control se efectuó sobre empresas del denominado Club de la Construcción: 481 de ellas son obras públicas, y 12 obras con el carácter de Alianza Público-Privado (APP).

El contralor manifestó que una primera dificultad operativa para la investigación es que, en estricto rigor, nadie sabe quiénes forman parte del Club de la Construcción. “No hay definición oficial sobre el particular”, expresó.

De allí que solicitó información oficial a la procuraduría “ad hoc” (que investiga 15 empresas de lo que sería el club) y también a Indecopi (que investiga 35 empresas); producto de la intersección de ambas listas se elaboró un listado de 46 empresas, sobre cuyos contratos se llegó a efectuar y emitir diversas acciones de control.

También precisó que los más de 600 informes emitidos por la Contraloría se distribuyen entre informes previos, simultáneos o posteriores. Son estos últimos los que determinan responsabilidades.

“Cuando hablamos del control posterior”, informa Shack Yalta, han sido emitidos “191 informes en esta década”. “Se han identificado 1256 funcionarios públicos con responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Contratos con servicio de control a 125 (de 481 obras públicas, 23 mil 877 millones de soles), que significa el 32 % de la cobertura, y 11 controles (de 12 obras APP y 136 millones) con 99 % de cobertura.

El club y los casos emblemáticos

Sobre el universo de contratos de obra suscritos con empresas del denominado Club de la Construcción en el periodo 2010-2020, detalló que el total de contratos investigados es de 481. De ellas, 348 son obras de infraestructura y otros, 132 de servicios, y una consultoría y supervisión.

El total invertido fue de 74 131 millones de soles.

El contralor general dijo que en el caso de las investigaciones de obras públicas son vinculantes, mas no así en los APP; y recordó que se encuentra en el seno del Congreso de la República una iniciativa legislativa que subsana esta debilidad.

Seguidamente, mencionó, ante una consulta de Almerí Veramendi que entre los casos emblemáticos investigados se encuentra la Interoceánica Sur en su tramo cinco, la carretera San José de Sisa, lotes adjudicados en el proyecto de irrigación de Olmos, en Lambayeque, el colapso del alcantarillado en Iquitos, la vía de evitamiento del Cusco, todas ellas con la empresa Odebrecht.

Carlos Almerí Veramendi quiso saber cómo es que a pesar de que existen controles previos, simultáneos y posteriores, el Estado termina perjudicado, por ejemplo, con el tema de las adendas, los plazos, los arbitrajes, y otros mecanismos que utilizan los contratistas y consultores de obra.

El contralor manifestó que “una de las limitaciones que ha tenido siempre el control gubernamental en el Perú es la limitada cobertura”, recordó que se han realizado acciones de control a 136 contratos de los casi 500, “y es por la capacidad operativa”.

“Por ello, sigue siendo para nosotros muy importante la expansión de control concurrente, es lo más importante”, “y eso significa que la Contraloría General de la República tenga los recursos necesarios para contratar personal para poder revisar los expedientes técnicos”, expresó.

“Como todos sabemos, prosiguió, “en todas las obras, la madre del cordero está en el expediente técnico”, porque si el expediente está mal hecho, “se convierte en el instrumento para formalizar la coima. Allí está las partidas sobrevaloradas, las partidas que no se necesitan”.

Además, indicó que los problemas en el expediente técnico “ocasionan después una serie de retrasos, ampliaciones de plazo, con lo cual se lleva a las ampliaciones por gastos generales, incluso gastos de supervisión”. Por un lado, dijo, se necesitan más recursos para ampliar la cobertura.

“La solución está en la expansión del control concurrente”, y es por eso que reiteró una exhortación al Congreso de la República para que se le apoye con un apartida adicional en la Comisión de Presupuesto para poder expandir el control concurrente.

Nelson Shack Yalta se comprometió a enviar, en los siguientes días, el total de los informes elaborados por la entidad y, luego de un procedimiento que la comisión debe realizar, destacar a dos expertos de la Contraloría para que apoyen en las labores investigativas hasta el 30 de junio del 2021.

PRENSA-CONGRESO