Un informe concluyente que contendrá los presuntos delitos penales, civiles y administrativos que habrían cometido los presuntos responsables en la compra de 2,108 patrulleros inteligentes para la Policía Nacional del Perú (PNP), remitirá la Contraloría General de la República a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, que preside la congresista Luciana León (CPA), en los próximos días.
Así lo anunció el contralor Edgar Alarcón Tejada en la sesión extraordinaria que realizó ese grupo de trabajo en la sala Raúl Porras Barrenechea y antes de solicitar que la reunión se desarrolle en forma reservada para informar sobre las observaciones efectuadas en las compras militares realizadas por el Ministerio de Defensa sujetas a acciones de control entre el 2011-2016.
Alarcón dijo que la auditoria de cumplimiento está en proceso de conclusión y es muy factible que próximamente sea remitido a la Comisión de Defensa para que sus miembros adopten las medidas más convenientes. Detalló que entre los temas en revisión que contendrá el documento están el servicio de mantenimiento y garantía al equipamiento informático de los patrulleros inteligentes; software para integración de dispositivos y de sistemas; y el comité de negociación que aceptó el monto por concepto de honorarios de administración y gestión de proyecto, así como la certificación de la operatividad del vehículo y planificación y gestión del servicio de mantenimiento y preventivo de los vehículos SsangYong Rexton W 3.2.
Precisamente, sobre la modalidad de compra de gobierno a gobierno que se hizo de la adquisición de las 2018 camionetas, indicó que el monto global fue de 81 millones 965 mil 364 dólares y cada unidad costó 17 mil 950 dólares (sin conversión) y 38 mil 883 dólares (con conversión).
Cuando el contralor citó la cifra de 2 millones 489 mil por concepto de honorarios por “administración”, los parlamentarios manifestaron su disconformidad, más aún al señalarse que el costo de conversión y equipamiento fue de 20, 933 mil por unidad.
Daniel Salaverry (FP) manifestó que “esos honorarios de administración” deberían ser exhaustivamente investigados. Pedro Olaechea (PPK) dijo que no se explicaba porqué se concreta una compra en que la conversión y la implementación cuestan más que el propio vehículo.
César Segura y Clayton Galván (FP) y Zacarías Lapa (FA) exigieron que la contraloría debe pronunciarse inmediatamente por considerar que se han cometido una serie de delitos, entre ellos el de sobrevaloración y concusión en el proceso de compra.
Señaló que el hecho de que Kotra firme los certificados de aceptación parcial y final (en su momento) no significa que asuma alguna responsabilidad. Dijo también que no obstante ser DWIC la que suscribe el contrato, la garantía será prestada por cada fabricante de los componentes (SsangYong, Motor, Shinjeong, Panasónic, Safrán, Morpho, Entoss, Microsof y Feeware)
Dijo que el comprador reconoce que cualquier costo incurrido por el servicio de mantenimiento del producto no puede ser facturado a DWI ni a sus proveedores. “Se sabe que el ministerio cuenta con solo tres talleres ubicados en Lima, cantidad limitada para afrontar el mantenimiento de 2018 patrulleros que serán distribuidos a nivel nacional. El contrato carece de un plan de mantenimiento que garantice la operatividad de los vehículos”, sentenció. (jon)

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