El contralor general de la república, Nelson Shack Yalta, sostuvo que es necesario incrementar la efectividad del gasto público con la aceleración en el logro de los resultados, con énfasis en el segmento que corresponde a la población vulnerable, con el fin de reducir las brechas.

Fue durante la sustentación del Informe de Auditoría de la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio 2019, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que preside Humberto Acuña Peralta (APP).

De acuerdo con el artículo 81 de la Constitución, la Cuenta General de la República, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General de la República, es remitida por el presidente de la república al Congreso hasta el 15 de agosto del año siguiente a la ejecución del presupuesto.

La Cuenta General de la República es el instrumento de gestión pública que contiene la información y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera, en la actuación de las entidades del sector público, sin excepción, durante un ejercicio fiscal.

Para el 2019, dicho informe fue enviado el 14 de agosto del presente año, y numerado como proyecto de ley nro. 5989.

El contralor Schack Yalta especificó que si bien el gasto social “es un factor necesario para la mejora de los indicadores sociales, el solo hecho de incrementarlo, no asegura una mejora en los indicadores”.

Con relación a la clasificación de este gasto, y su pertinencia para el análisis del bienestar con relación al esfuerzo fiscal, recomendó el “replanteamiento de la lógica y los propósitos de la clasificación a la luz de los avances recientes en materia de vinculación de la acción pública con impactos sobre la población”.

Debido a la pandemia, informó, la ejecución y emisión de los dictámenes de auditoria a los estados financieros se ha retrasado, la “situación que ha afectado el alcance de nuestras auditorías previstas, al no haberse auditado el 78,5 % de los ingresos y el 79,9 % de los gastos ejecutados por los importes de 220 932 millones de soles y 190 638 millones de soles, respectivamente”.

La Contraloría culminó la evaluación de 49 pliegos auditados: cuatro entidades del Gobierno nacional; 1 del gobierno local; 43 empresas del Estado, 1 de otras entidades. “De esta manera, se validó el 21,5 % y 20,1 % de la ejecución de ingresos y gastos, respectivamente. Sobre la base de los estados presupuestarios auditados del ejercicio 2019, se determinó la falta de evidencia suficiente y apropiada por el importe de 4069 millones de soles”.

Entre el 2018 y el 2019, dijo Schack, el Estado peruano viene ejecutando 89 programas presupuestales, la programación, formulación y ejecución de los programas presupuestales involucra la participación de 23 sectores.

Sobre las controversias internacionales de inversión se informó que hay 14 procesos arbitrales en curso. Solo en siete casos, el importe reclamado es de 3885 millones de dólares, importes sobrevaluados por los inversionistas. En dichos procesos, no se revela en el control cualitativo de cada pliego en las notas a los estados financieros.

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones, la Contraloría pide al MEF disponer que la Dirección General de Presupuesto Público implemente los mecanismos para impulsar acciones que propicien el involucramiento de los gobiernos regionales y locales en la aplicación de la estrategia de los programas y de la operatividad de productos para la ejecución de programas presupuestales.

Asimismo, implemente las acciones necesarias para mejorar el seguimiento a la ejecución y programación de recursos de inversiones públicas, impulsando e incentivando a las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y locales a mantener actualizada la información en el aplicativo informático SSI del MEF sobre la ejecución de cada inversión.

Igualmente, recomienda al Congreso de la República aprobar el proyecto de ley nro. 05283/2020.CGR, que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional en el marco de la potestad sancionadora de la Contraloría, con el fin de que los funcionarios que incurran en dichas conductas sean sancionados.

Congresistas

Hicieron uso de la palabra los congresistas Betto Barrionuevo Romero (SP), Daniel Oseda Yucra (Frepap), Yessica Apaza Quispe (UPP), Mártires Lizana santos (FP) y Humberto Acuña Peralta (APP), quien quiso saber sobre lo que está realizando la Contraloría General de la República en torno al sinceramiento del patrimonio del Estado, ya que hay zonas agrícolas que están siendo explotadas por privados, pero son propiedades de los gobiernos regionales.

PRENSA-CONGRESO