Esta mañana, el presidente del Congreso, senador Miguel Ángel Torres Morales, asistió a la ceremonia por el Día del Juez 2026, realizada en el salón Vidaurre del Palacio Nacional de Justicia.

El acto fue encabezado por la presidenta constitucional de la república, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y la presidenta del Poder Judicial, doctora Janet Tello Gilardi.

Entre los asistentes estuvieron Oscar de Jesús Reto Otero, presidente de la Cámara de Diputados, y Estanislao Mancha Pineda (RP), tercer vicepresidente del Senado.

Asimismo, participaron el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Helder Domínguez Har; la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera Vega; el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo; la jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde; entre otras autoridades de diversas entidades del Estado.

Durante su discurso, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacó el nivel de coordinación alcanzado con el Congreso de la República, el cual ha permitido la aprobación de iniciativas legislativas impulsadas por la Sala Plena de la Corte Suprema y de otras normas orientadas a fortalecer la administración de justicia. Entre ellas mencionó la creación del Sistema Nacional Especializado de Flagrancia y el marco legal para la implementación de la Justicia Itinerante. Asimismo, resaltó que el Parlamento aprobó leyes que reconocen derechos largamente demandados por los trabajadores del Poder Judicial, cuyo proceso de implementación continúa en marcha.

Por su parte, la jefa del Estado reafirmó el absoluto respeto de su gobierno a la separación de poderes, a la independencia del Poder Judicial, al Estado de derecho y a la institucionalidad democrática, al considerar que constituyen una “garantía indispensable para preservar las libertades y la estabilidad” del país.

También destacó que impartir justicia es una misión de enorme trascendencia social y recordó que corresponde a cada ciudadano acatar las decisiones judiciales, incluso cuando estas sean adversas, mientras que “en el Gobierno recae la responsabilidad de brindarles los recursos necesarios” para fortalecer la administración de justicia.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL