Por mayoría, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó esta noche el dictamen de la ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú por un plazo de 90 días.

Tal fue el acuerdo multipartidario que resolvieron -al término de casi cinco horas de debate- 13 legisladores pertenecientes a las bancadas de Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio, Alianza para el Progreso, Célula Parlamentaria Aprista. En contra se pronunciaron tres legisladores de Frente Amplio mientras que Yonhi Lescano, de Acción Popular fue el único que se abstuvo-.

El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres (FP) informó que el jueves este dictamen será sometido a debate y votación en el pleno del Congreso que sesionará a partir de las 9 de la mañana.

El dictamen aprobado resuelve que el Poder Ejecutivo sí puede reducir en un punto porcentual la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV) a partir del primero de enero del 2017; modificar la ley del Impuesto a la Renta y demás normas que regulen ese tributo; establecer un régimen jurídico-tributario especial para las micro y pequeñas empresas y sincerar la deuda tributaria y otros ingresos administrados por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) que se encuentren en litigio o en cobranza coactiva.

Durante el debate se incorporó que el Gobierno  puede establecer un régimen temporal y sustitutorio del Impuesto a la Renta para los contribuyentes domiciliados en el país que declaren y/o repatrien e inviertan en el Perú las rentas no declaradas y generadas hasta el 31 de diciembre del 2015. El porcentaje de este impuesto será del 10% al 12% para los que declaren y del 5 al 8% para los que también repatrien e inviertan en el país.

El dictamen propone autorizar al Poder Ejecutivo para que perfeccione el marco legal del proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal y fortalecer el marco legal respecto a la lucha contra la minería ilegal así como la reorganización del sistema de inversión pública con un criterio descentralista sin que ello implique una restricción de las competencias y atribuciones del Sistema Nacional de Control. También se plantea que vía decretos legislativos se puede reestructurar la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y reorganizar el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OCSE).

En materia de seguridad ciudadana, el Poder Ejecutivo puede declarar en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario, modificar la legislación penal en lo que respecta a la tipificación de nuevos delitos o agravantes y fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, lavado de activos y delincuencia común. También para reestructurar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una mejor articulación entre la Policía Nacional y los gobiernos regionales y locales, modificar la estructura del Ministerio del Interior así como la política migratoria interna.

 En cuanto a la lucha contra el lavado de activos, el dictamen de la Comisión de Constitución plantea que el Gobierno sí puede autorizar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) levante el secreto bancario y la reserva tributaria con autorización de un juez penal y ésta pueda recibir información del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Se aprobó que el Ejecutivo puede crear la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y reestructurar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado.

 Y respecto a materia de agua y saneamiento se aprobó que el Ejecutivo puede dictar medidas para fortalecer las medidas y actividades del organismo regulador y modernizar la gestión de las entidades prestadoras de servicios de agua y saneamiento así como legislar para garantizar la operación segura del Oleoducto Nor Peruano a cargo de PetroPerú sin que ello implique su privatización.

Tras el debate se eliminò la propuesta original del predictamen para que el Ejecutivo prepublique los decretos legislativos siete dìas antes que se venza el plazo autoritativo.

AMPLIO DEBATE

El pronunciamiento de la Comisión de Constitución se produce luego que hace tres semanas el Poder Ejecutivo presentó su pedido de facultades para legislar sobre estas materias por un plazo de 120 días. Esta solicitud fue remitida a diez comisiones del Congreso para que opinen sobre el particular, lo que motivó que el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala y varios ministros se presentaran ante estos grupos de trabajo durante los últimos 20 días para la respectiva sustentación del pedido.

Torres, de Fuerza Popular, expresar su satisfacción por la disposición demostrada por las autoridades del Poder Ejecutivo y de los congresistas de las distintas bancadas para debatir cada uno de los temas planteados por el Gobierno para legislar. Y aprovechó para ratificar que el Congreso de la República no será nunca más una mesa de partes.

 Durante el debate multipartidario, los voceros de Acciòn Popular, de Peruanos por el Kambio, de la Célula Parlamentaria Aprista, de  Alianza para el Progreso y del Frente Amplio, propusieron algunos cambios de redacción del predictamen los cuales eran anotados por el presidente de la Comisión de Constitución. Al término de casi tres horas de intensa deliberación, el congresista Torres suspendió la sesión para reanudarla hoy a partir de las 5 de la tarde con la finalidad de votar la propuesta  final, la misma que mañana jueves será discutida y resuelta en el pleno del Congreso.

 LOS TEMAS PLANTEADOS

Respecto al pedido del Poder Ejecutivo para reducir en uno por ciento el Impuesto General a las Ventas (IGV), el predictamen plantea que sea aceptado al igual que la modificación del Impuesto a la Renta Empresarial y de los trabajadores. También propone aceptar el pedido para dictar decretos que regulen un tratamiento preferencial para el mercado de valores, un nuevo régimen de medianas y pequeñas empresas, la amnistía tributaria solo para las medianas y pequeñas empresas y la repatriación de capitales con amnistía.

La propuesta de la Comisión de Constitución proponía aceptar el propósito del Gobierno para luchar contra la evasión y la elusión tributaria; modificar la tributación municipal siempre y cuando no se suban los tributos; la devolución anticipada del IGV y el fortalecimiento de la polìtica pública contra la minería ilegal. Se plantea aprobar el pedido del Ejecutivo para dictar un nuevo marco fiscal siempre que no modifique la ley de Presupuesto;  fortalecer la proinversión y reformar el sistema de inversión pública y simplicar el régimen administrativo.

El predictamen propone aceptar que el Ejecutivo dicte un sistema de seguridad ciudadana, la reorganizaciòn del Ministerio del Interior y el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con este añadido: que el trámite para el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria sea ordenada por un juez competente sin compartir esa información al Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

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