La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó por unanimidad sesionar de manera extraordinaria el lunes 12 de julio próximo a las tres de la tarde, con el fin de recibir los informes de competencias de la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado; el fiscal de la Nación encargado, Pablo Sánchez Velarde; y el procurador del Congreso de la República.

Seguidamente, aprobó por mayoría solicitar al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para que informe sobre el pronunciamiento emitido por la comisión al Parlamento Andino, al Parlamento Europeo, y otras instancias internacionales que tengan competencia en el tema, como la Unión Interparlamentaria.

Asimismo, se aprobó por mayoría el pedido del congresista Guillermo Aliaga Pajares (SP) que exhorta a la Mesa Directiva del Congreso la contratación de abogados especialistas para defender los fueros del Parlamento en la actual coyuntura.

El pronunciamiento aprobado, también por mayoría, toma posición respecto a los recientes acontecimientos en torno a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), y en el cual enfatiza que las intromisiones sufridas lesionan “el estado de derecho, el principio de separación de poderes, y la autonomía del Poder Legislativo”.

En ese sentido, sostienen, “ante el intento de paralizar” dicha elección, la comisión “se reafirma en señalar que el proceso de elección de los magistrados del TC es competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República, establecida en el artículo 201 de la Constitución Política del Estado, por tanto, no puede ser menoscabada por funcionarios de diversos poderes del Estado”.

Asimismo, la comisión “se reafirma en señalar que los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones (artículo 93 de la Constitución)”.

“En consecuencia, el inicio de indagaciones preliminares por parte del Ministerio Público por votos emitidos por congresistas de la república representa una vulneración al principio de inviolabilidad parlamentaria de voto y opinión, así como el artículo 99 de la Constitución Política que garantiza el fuero parlamentario”.

“La comisión recomienda el impulso delos mecanismos parlamentarios necesarios a fin de defender la autonomía funcional del Congreso ante los intentos de interferir en sus competencias constitucionales. Finalmente, se informa a la opinión pública que los congresistas de la república no hemos sido emplazados como demandados ni somos parte de proceso alguno que impida el libre ejercicio de las atribuciones parlamentarias”.

Como se sabe, el 7 de julio último el Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo que posterga la elección de nuevos magistrados del TC, decisión tomada por la jueza Soledad Blácido Báez, a cargo del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio, a lo que se sumó la decisión del Ministerio Público de iniciar, el día de hoy, indagaciones contra los parlamentarios que decidieron no acatar dicha orden.

Estas decisiones fueron tomadas al final de la trigésima quinta sesión extraordinaria, convocada con el fin de escuchar la opinión de distinguidos expertos en torno al análisis y los efectos de los procesos constitucionales y las prerrogativas funcionales de los parlamentarios establecidas en la Constitución Política del Perú.

El titular de este grupo de trabajo, Luis Valdez Farías (APP), sostuvo en el inicio de la sesión que ante los recientes sucesos que se han dado, “en forma planificada”, por parte de algunas personas, como la jueza en mención, se hizo necesario escuchar la opinión de un grupo de expertos.

Sobre todo, luego de que el miércoles 7 de julio, por amplia mayoría, el Congreso decidiera continuar con el proceso de elección de magistrados, debido a que no han sido notificados de la medida cautelar como parlamentarios, y tan solo se hizo a la presidencia.

Para Valdez Farías ha quedado claro que se trata de una interferencia que se da tanto de parte de la magistrada, como también por parte del Ministerio Público. Y su finalidad es “impedir que elijamos a los miembros del nuevo TC, tal como se hizo con el anterior Congreso”.

Los expertos fueron los constitucionalistas Aníbal Quiroga León, Gerardo Eto Cruz, Domingo García Belaúnde, Enrique Ghersi Silva, y el penalista Carlos Caro Coria. Todos ellos estuvieron de acuerdo en que existe una manifiesta intromisión de otros poderes en las decisiones del Congreso, y que los congresistas no están sujetas a mandato imperativo, tal como lo establece el artículo 93 de la Constitución.

Luego de las precisiones constitucionales, penales, procesales, que advirtieron los especialistas, Luis Valdez Farías señaló que habían quedado claras varias categorías jurídicas de orden constitucional, de orden procesal, de orden pena, que les “permiten tomar decisiones en ese marco, que es lo que siempre hemos buscado”.

OFICINA DE COMUNICACIONES